Desarrollo rural o desarrollo agrario
En septiembre de 2005 el Consejo de Agricultura de la UE aprobó un nuevo Reglamento de Ayudas al Desarrollo Rural. Sus elementos más novedosos fueron la financiación de tales ayudas por un solo fondo europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); la agrupación en tres grandes ejes del amplio abanico de ayudas contempladas (competitividad agraria y forestal, mejora del medio ambiente y del entorno rural y mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía rural); la fijación de mínimos para la asignación del presupuesto entre estos tres ejes por los Estados (10% eje 1, 25% eje 2 y 10% eje 3), y la consideración de los programas de desarrollo económico local Leader como cuarto eje, aunque sólo con un 5% de mínimo, más la posibilidad de utilizar la metodología del programa Leader para aplicar medidas de los tres ejes.
Como aspectos negativos cabe destacar la reducción del presupuesto destinado a las ayudas al desarrollo rural respecto al periodo 2000-2006, el escaso peso presupuestario del eje 3, que es el más genuinamente de desarrollo rural, y que los beneficiarios de estas ayudas al desarrollo rural sean los agricultores, por lo que no pueden acceder a ellas los otros habitantes rurales, que constituyen una parte cada vez mayor de la población rural.
Estas y otras cuestiones suponen un fuerte sesgo agrario de la política de ayudas al desarrollo rural, lo que debe considerarse un serio error, ya que la evidencia empírica muestra claramente cómo las regiones rurales más dinámicas de la UE son las que han diversificado su economía, y no se basan ya casi exclusivamente en la agricultura. Exceptuando zonas de agricultura con gran potencial productivo y que generan alto valor añadido, sólo las zonas rurales que se diversifiquen y tengan alta calidad de vida podrán desarrollarse y no se despoblaran completamente.
En 2006 los Estados han llevado a cabo los trabajos para la programación del desarrollo rural. España aprobó ya a mediados de diciembre de 2006 su Plan Estratégico Nacional (PEN) de Desarrollo Rural, el paso previo a la redacción y aprobación de los planes de desarrollo rural de las 17 comunidades autónomas. Lo más destacado del PEN elaborado es la definición de las medidas horizontales, obligatorias para todas las comunidades, la estimación a nivel nacional de los porcentajes de asignación de presupuesto a los cuatro ejes, y la distribución de los fondos que el Feader ha asignado a España entre las 17 comunidades. En cuanto a las medidas horizontales, un primer análisis sugiere que se han elegido adecuadamente en número y objetivo, ya que se han centrado en aspectos esenciales para el conjunto, y además se ha dejado amplio margen de maniobra a las comunidades, lo que permite el ejercicio de sus amplias competencias en desarrollo rural. También se les deja el desarrollo de una idea que figura en el PEN y valoramos positivamente: crear la figura del contrato territorial de explotación para aplicar las medidas del eje 1 y 2.
En cuanto a los porcentajes estimados a nivel nacional (50%-55% eje 1, 30%-35% eje 2, 10%-15% eje 3 y 10% como mínimo al eje 4), es positivo el aumento del 5% al 10% como asignación mínima para Leader, y negativo que no se neutraliza la marginación del eje 3 establecida en los mínimos de la Comisión Europea, sino que incluso se refuerza, al aumentar mucho el 1, bastante el 2 y casi nada el eje 3, por lo que estamos en presencia de un plan de desarrollo agrario y ambiental más que de un plan de desarrollo rural. Esta crítica podría suavizarse si los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se emplearan en parte para mejorar la calidad de vida y diversificar la economía de las zonas rurales, pero la experiencia demuestra que se emplean en grandes infraestructuras y mejora del medio ambiente y fomento productivo en zonas urbanas (depuradoras de núcleos urbanos, grandes plantas industriales en zonas urbanas y otras inversiones), por lo que no cabe esperar que se dirijan al mundo rural periférico. Para evitar ese sesgo urbano, se requeriría una visión estratégica nacional del desarrollo rural, hoy inexistente, y coordinar los departamentos de economía, agricultura y medio ambiente de las Administraciones nacional y autonómica, lo que no siempre se produce.
Respecto al reparto de los Feader asignados a España entre las comunidades, tema por naturaleza conflictivo, cabe destacar que el Ministerio de Agricultura, ha hecho un ejercicio correcto y objetivo, además de un enorme esfuerzo presupuestario para neutralizar en parte la fuerte reducción de fondos europeos de ayudas al desarrollo rural. Aun así, no ha podido evitar una importante reducción de fondos europeos en comunidades que han dejado de ser regiones objetivo 1, ahora llamadas de convergencia, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana.
José María Sumpsi Catedrático de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid