El ocaso de un impuesto obsoleto
Las comunidades autónomas han iniciado una carrera sin retorno hacia la eliminación de las figuras impositivas de Sucesiones y Donaciones familiares. Este proceso puede culminar con la liquidación de uno de los gravámenes más carentes de justificación económica, que además se devengaba hasta ahora de forma universal, aunque guardase cierta progresividad. Pero en las economías donde gana terreno la fiscalidad sobre el consumo y lo pierden las imputadas en la renta, carece de sentido un impuesto al cambio de manos natural de la propiedad, tal como se produce en las herencias o las donaciones patrimoniales, y en el que no hay incremento de la renta.
Por ello las Administraciones regionales, especialmente las gestionadas con criterio más liberal, se ha impuesto ya la liquidación de este tipo de figuras que convertían a las Haciendas públicas en partícipes testamentarios de todos los patrimonios, desde las familias más humildes hasta las grandes fortunas.
El inicio de la corriente revisionista de este gravamen fue la eliminación de los obstáculos a la actividad, con la exención para todos los bienes heredados o donados que estuviesen adscritos a actividades productivas. Posteriormente se ha extendido en el caso de herencias para patrimonios de cuantías más limitadas, para hijos o cónyuges, y para jóvenes menores de 21 años en otros territorios. Pero la tendencia natural, ya impuesta en comunidades en las que vive un tercio de la población, es la eliminación absoluta del impuesto.
Determinadas comunidades que han reclamado plena autonomía fiscal, como Cataluña, quieren ahora unificar el criterio para evitar que deslocalizaciones de grandes patrimonios dañen su capacidad financiera. Seguramente es tarde y poco sostenible mantener tal demanda, y las iniciativas regionales indican que Sucesiones y Donaciones son impuestos a extinguir. Eso sí: que cada Hacienda se tiente la ropa antes de tomar tal decisión, evite ejercicios electorales y busque los recursos alternativos en su propio territorio y competencia, para que no sea el Estado quien financie el experimento.