El lunes acaba el plazo para las ofertas por Navacerrada
El lunes termina el plazo para presentar ofertas por la estación de esquí de Navacerrada, cuya gestión sacó a subasta la Comunidad de Madrid el 22 de diciembre por 113.479 euros. Hace un año ya se ofreció al mejor postor por 420.000 euros, pero nadie pujó por ella.
La Comunidad tiene el 99,27% de las acciones de la sociedad Deporte y Montaña, que gestiona Navacerrada. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) considera que el sector privado reactivará la economía del complejo, cuyas pérdidas ascienden a 1,5 millones de euros.
Los terrenos de la estación están divididos entre las localidades de Cercedilla y Navacerrada (Madrid), y La Granja de San Ildefonso (Segovia). El alcalde socialista de Cercedilla, que posee el 0,15% del accionariado, no se pronuncia sobre la subasta, pero el de La Granja, el también socialista Félix Montes, que está presente en el consejo de administración, se opone a la privatización.
'La Comunidad debe mantener la titularidad, aunque subcontrate la gestión', defiende. 'Es un servicio público; una inversión, aunque tenga pérdidas', añade Montes. Su alternativa es ampliar el capital para que entre la Junta de Castilla y León.
El hecho de que no salieran compradores en la primera subasta se explica, según él, por la dificultad que plantea la gestión de las instalaciones, que están divididas entre dos comunidades, y algunos de cuyos terrenos pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente. 'Además, el agua la proporciona La Granja sólo a cambio de estar en el consejo, pero si se privatiza tendremos que negociar un precio', añade el alcalde.
Otra estación del Sistema Central, La Pinilla, pertenece al Ayuntamiento de Riaza. La mayoría de las de la Cordillera Cantábrica, así como La Molina, Vall de Núria y Espot Esquí (Cataluña) son propiedad de instituciones públicas, aunque la Generalitat catalana (PSC-PSOE) ha mostrado su intención de desprenderse de ellas cuando estén saneadas. Y en Aragón, cinco de las siete estaciones pertenecen al Grupo Aramón, participado al 50% por el Gobierno aragonés e Ibercaja.