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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La lucha contra la siniestralidad

La siniestralidad laboral sigue siendo el contrapunto negativo en un sector como la construcción, inmerso en España en uno de los ciclos más brillantes de su historia. El año pasado 308 trabajadores perdieron la vida mientras realizaban su jornada laboral, lo que supone el peor dato de los últimos catorce años. Esta situación no ha mejorado este año, en el que se han contabilizado ya 215.045 accidentes con baja hasta octubre, el 6,4% más. Sindicatos y algunos empresarios han dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que se estén relajando las medidas de vigilancia y prevención de accidentes en las obras, una tarea que compete a las empresas, a los trabajadores y a la Administración, que debe contar con los medios de inspección adecuados. Bien es verdad que la producción y el empleo en el sector han aumentado de forma notable a lo largo del ejercicio, dos variables que ayudan a relativizar unas cifras estadísticas tan negativas y que un país como España, la novena economía mundial, no se puede permitir.

Ante este panorama, una de las voces que se ha alzado ha sido la de la Seopan, que reclama al Gobierno un endurecimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Previamente, las grandes empresas constructoras han elaborado un exhaustivo estudio donde se pone de manifiesto que el 96% de todos los accidentes se concentra en las 189.800 empresas del sector que tienen menos de 250 trabajadores y que dan empleo al 89% de la población ocupada del sector.

Ante esta constatación, creen necesario que las medianas y pequeñas sociedades cuenten con un servicio de prevención propio y no subcontratado. La figura de la subcontratación aparece de nuevo, ahora desde otro ámbito del proceso productivo de la construcción, como factor de riesgo que propicia la siniestralidad. La limitación de estas prácticas contenida en la nueva Ley de Contratos debe ayudar al propósito perseguido de reducir los accidentes, al igual que la ponderación de los niveles de siniestralidad empresarial a la hora de acreditarse para conseguir una obra.

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