Igualdad a la fuerza
El Congreso dictamina esta semana la Ley de Igualdad, para que su aplicación pueda ser efectiva en marzo, en torno al Día de la Mujer Trabajadora. Pero el texto llega al examen parlamentario definitivo sin el consenso mínimo para ser aplicado sin contestación. Las principales pegas las ponen las empresas, las instituciones pasivas que en este caso deberán acomodar su gestión a los nuevos requisitos normativos.
La CEOE mantiene una actitud muy crítica con algunas de las disposiciones. Desde la obligatoriedad de aplicar un plan de igualdad en cada empresa, hasta que el 40% del consejo de las sociedades esté copado por mujeres. Todos los estímulos para incorporar a la mujer al mercado y a los cargos de responsabilidad son pocos; pero la imposición de determinadas condiciones puede atentar contra los mejores criterios de gestión de la empresa y la libre competencia de méritos. El fin perseguido por la norma es razonable, pero no la rigidez de algunos de sus postulados. æpermil;sta más que ninguna otra precisa de flexibilidad en la aplicación para lograr el consenso que hace fértiles las relaciones industriales.