El Gobierno impone un registro único para la VPO
El Ministerio de Vivienda ha logrado un acuerdo con las 17 autonomías por el que éstas se comprometen a suministrar toda la información relativa al mercado de pisos de protección oficial. Esos datos serán gestionados por el Registro Estatal de VPO, principal herramienta de lucha contra el fraude en ese sector.
Conocer cuántas familias son propietarias de una vivienda protegida (VPO), qué tipo de ayudas recibieron para adquirirla, qué promotor se la vendió o en qué condiciones tramitaron su hipoteca era hasta ahora misión imposible. Los datos se encontraban dispersos entre los distintos niveles de la administración, por lo que escapaban a cualquier clase de control.
A partir de ahora y en cuanto culminen los últimos preparativos en las regiones más rezagadas, el ministerio empezará a recibir online los datos de cada una de las ayudas que se concedan para comprar, alquilar, rehabilitar o construir VPO.
'Vamos a pasar de controlar apenas el 5% de las solicitudes, al 100% gracias a los nuevos soportes informáticos', explica el director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco.
Hasta ahora no se centralizaba la información sobre los beneficiarios y las casas protegidas
Además de la información procedente de las regiones, el Registro Estatal de VPO se nutrirá de los datos que suministrarán un total de 120 entidades financieras relativos al importe de los préstamos concedidos, el plazo de amortización o los tipos de interés efectivos, entre otras cuestiones.
Desde el departamento que dirige María Antonia Trujillo admiten que al principio hubo reticencias por parte de varias regiones que no estaban dispuestas a facilitar la información. Finalmente el consenso ha sido posible, ya que el Gobierno central planteó que, de lo contrario, la región que se negara, perdería los fondos del plan nacional.
Con todos los datos que reciba el ministerio podrá llevar a cabo un seguimiento mucho más exhaustivo del actual del grado de cumplimiento del plan nacional de Vivienda, pero en ningún caso podrá hacer uso de la información a título individual, ya que lo impide la ley de protección de datos.
'Gracias a este registro, a medio plazo conoceremos a cuánto asciende el parque español de vivienda protegida y qué características tienen esos inmuebles. Pero sobre todo podremos combatir más eficazmente el fraude existente', añade Pacheco.
Este sistema impedirá, entre otras actuaciones, que una misma unidad familiar (cualquier ciudadano y su cónyuge) resulte adjudicataria de más de una vivienda protegida, como sí podía ocurrir en la actualidad. 'Si el sistema detecta cualquier duplicidad, saltará un chivato', añaden en el ministerio.
Otra de las medidas implantadas para corregir la venta fraudulenta de estas viviendas en el mercado de renta libre es la imposibilidad de desclasificarlas durante un plazo mínimo de 30 años, que algunas regiones, como el País Vasco, ya se han apresurado a ampliar hasta los 90 años.
Y como ejemplo de hasta qué punto pueden ayudar las nuevas tecnologías, el ministerio colabora con algunas comunidades en la financiación de la puesta en marcha de las ventanillas únicas. Se trata de oficinas a las que pueden dirigirse los ciudadanos para conocer en un solo trámite todas las ayudas para el acceso a una casa a las que tienen derecho en su territorio, tanto las procedentes del programa autonómico, como del plan estatal. Cantabria está exportando su modelo a todo el país.
Los promotores ya no podrán elegir al comprador
Al hablar de fraude en el mercado de VPO se suele asociar con las segundas y sucesivas transmisiones de viviendas que o bien se desclasifican, lo cual en realidad no entrañaría fraude porque hasta ahora la legislación lo ha permitido, o bien se venden a precio libre aunque se escrituren sensiblemente por debajo, al precio máximo permitido en cada comunidad.Sin embargo, otra práctica fraudulenta detectada surge cuando los promotores exigen a los compradores de esta clase de casas pagos en dinero negro por mejoras en las viviendas que, además, eran obligatorias. 'Esto ocurría porque en la práctica los promotores elegían a sus compradores y ahora sin embargo eso ya no podrá ocurrir', explican fuentes del ministerio.Con la creación de los registros públicos de demandantes de VPO toda empresa que ponga en marcha la construcción de una promoción de estas casas deberá acudir a los mismos para ofrecerles sus inmuebles. 'Estos registros controlarán que los pisos se pongan en venta a un precio cerrado, con unas calidades y características técnicas que se corresponden con lo que exige la ley y que una vez construidos y antes de ser entregados respetan escrupulosamente el contrato', subraya el director general de Arquitectura.Los registros de demandantes también serán obligatorios para los particulares propietarios de una casa protegida que quieran venderla, 'con lo que también se evitan los acuerdos entre ciudadanos que hasta ahora escapaban al control público'.