La moderación no tiene precio
Desde que los Gobiernos lograron transmitir a los sindicatos que la estabilidad de precios era el mejor activo para el crecimiento de la economía, el empleo y los sueldos, la moderación salarial se ha convertido en un pilar capital que nadie cuestiona. Cierto es también que la práctica sindical preponderante en España hasta la crisis de 1993, basada en la defensa de banderas salariales a cualquier precio, ha dejado paso a otra más sosegadas y analíticas que priman el empleo con sentido estratégico.
Los sindicatos y la patronal llevan años funcionando con un pacto que consagra la moderación y convierte la pelea de los convenios en mero trámite. Conviene recordar, no obstante, que este pacto de caballeros vigente desde 2002 sustituye a la reforma de la estructura de los convenios que el equipo de Rodrigo Rato no logró imponer a patronal y centrales. La intención del Gobierno era entonces flexibilizar las relaciones industriales y los modelos retributivos, aún anclados en las fórmulas tradicionales del sindicalismo vertical.
La resistencia sindical y patronal aplazó sine die tal reforma, y las fórmulas de retribución ligadas a resultados, la negociación individual o la prioridad a los convenios de empresa, más próximos al terreno que los vastos pactos sectoriales, se abren camino muy lentamente. Ahora los sindicatos pretenden vender cara la moderación salarial, causa fundamental de que España haya creado casi un millón de empleos cada año de este siglo, exigiendo a cambio aplicar los compromisos de igualdad y elevar la estabilidad en el empleo.
Los convenios están para negociar en plena autonomía las relaciones laborales en la empresa; pero no deben utilizarse para imponer derechos que están garantizados por las leyes, y su incumplimiento sólo debe ser ventilado por los tribunales. Los derechos de igualdad los garantiza una ley, y los criterios para contratar trabajadores fijos están establecidos en norma legal. No pueden ser moneda de cambio para la moderación salarial. æpermil;sta es un derecho económico consolidado por la economía de más crecimiento y más generación de empleo de Europa. No tiene precio.