Bruselas considera ilegales los nuevos requisitos impuestos por el Gobierno a E.ON
Las nuevas condiciones impuestas por la CNE a E.ON para la adquisición de Endesa siguen violando, tras su modificación, la legislación comunitaria, según la Comisión Europea. Las autoridades españolas tienen hasta el 13 de diciembre para responder a este dictamen.
En su "evaluación preliminar" sobre la resolución del Ministerio de Industria que cambió los requisitos impuestos por la CNE a la OPA del grupo alemán, Bruselas señala que las nuevas medidas violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento y algunas también el de libre movimiento de mercancías.
A pesar de esta conclusión, Bruselas ha optado por no dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por este caso y, así, en vez de enviarle un "dictamen motivado" (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE) le ha dado un nuevo plazo para explicar sus argumentos.
Las condiciones iniciales, "ilegales"
En un comunicado, el Ejecutivo de la UE recuerda que en septiembre pasado ya dictaminó que los requisitos fijados por el regulador español a la operación eran contrarios a la normativa comunitaria sobre fusiones. Subraya que esa decisión "sigue siendo válida" dado que la modificación de las condiciones adoptada por el Ministerio de Industria a principios de noviembre "no ha modificado -o sólo lo ha hecho ligeramente-" la decisión original de la CNE.
El pasado 26 de septiembre, Bruselas declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la eléctrica alemana al considerarlas "ilegales", alegando que invadían la competencia exclusiva de la Comisión Europea a la hora de examinar las fusiones de dimensión comunitaria.
Asimismo, el Ejecutivo de la UE también se mostró contrario a los requisitos exigidos por España ya que los mismos vulneran también el libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento según la UE, por lo que se exigió al Gobierno que las retirara de manera inmediata.
Tres semanas más tarde, el 18 de octubre, la Comisión expedientó a España por haber hecho caso omiso de su dictamen anterior y no haber actuado para suprimir las condiciones. Como consecuencia, le lanzó un ultimátum de sólo 5 días para rectificar, que el Gobierno no respetó.
Cambio en las condiciones
No fue hasta el 3 de noviembre, más de dos semanas después, cuando el Ejecutivo español decidió modificar las condiciones iniciales, retirando la mayoría, entre ellas las exigencias a E.ON de desprenderse de parte de los activos de Endesa, aunque mantuvo el veto sobre la compañía durante diez años. La decisión fue aceptada por la eléctrica alemana.
A pesar de todo, la Comisión Europea ha estado analizando "cuidadosamente" desde entonces la decisión del ministerio de Industria y, previsiblemente, se pronunciará definitivamente sobre ella hoy miércoles. La única pista que ha dado Bruselas es que el hecho de que E.ON haya aceptado las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno no significa que la Comisión vaya a darles su visto bueno.
En paralelo, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mantiene abierto un expediente sancionador contra España por el decreto que amplió las competencias de la CNE y le facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON. Las autoridades españolas tienen hasta principios de diciembre para modificar el decreto. En caso contrario, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La reacción de España
Joan Clos ha asegurado que el Gobierno español "ya sabía que había alguna parte del dictamen del Ministerio que no era compartida por la Comisión Europea, sobre todo en lo relacionado con la cláusula Ruhr Gas que la Comisión está intentando que Alemania corrija y todavía no lo ha hecho".
"Nosotros queremos tener el mismo trato que el resto de países y no podemos aceptar un trato diferenciado", ha afirmado Clos. "Esto es lo que explica que esta parte de la resolución haya generado la inaceptación por parte de Bruselas". El ministro de Industria también ha avanzado que "seguramente esta cláusula se deberá dirimir finalmente en el Tribunal de Luxemburgo".
Por su parte, el Secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha anunciado hoy tras conocer la decisión de la UE que en los próximos días responderán a la "evaluación preliminar" que ha hecho la Comisión Europea sobre la resolución del Ministerio de Industria que cambió los requisitos impuestos por la CNE a la opa del grupo alemán EON sobre Endesa.
Vegara ha destacado que desde el Gobierno "entendemos que la respuesta del ministro de Industria es adecuada y las nuevas condiciones son las razonables y se enmarcan al respeto escrupuloso a la normativa europea".