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Privatización

La SEPI y Babcock se ven hoy ante el juez

La Audiencia Nacional decide si la plantilla vuelve al grupo público

Una parte del proceso de privatización de las empresas públicas y su salida de la órbita de la SEPI pasará, a partir de hoy, el examen de aprobación de los tribunales. En la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se celebra un juicio que dictaminará sobre la vinculación laboral de la plantilla de Babcock Power, la antigua Babcock Wilcox, que solicitaron su reincorporación al grupo presidido por Enrique Martínez Robles.

El asunto no se presenta baladí. La SEPI y Babcock Wilcox (B&W), su filial al 100%, solicitaron hace más de un mes que la Audiencia Nacional entrara en faena para resolver un contencioso que afecta a 440 trabajadores. Una parte de la plantilla del fabricante de bienes de equipo contaba con sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en las que avalaban su reincorporación al grupo público.

El recurso a la Audiencia Nacional, presentado como demanda de conflicto colectivo por parte de SEPI y B&W al tener centros de trabajo en varias comunidades autónomas, puede servir de referencia para posteriores resoluciones. La Sala de lo Social del Supremo debe decidir sobre los argumentos presentados por ambas empresas ante los autos contrarios del Alto Tribunal del País Vasco. En sus resoluciones, publicas desde abril pasado, las tesis sostenidas apuntaban a la SEPI como 'único' propietario de Babcock. Añadían que su labor no se limitaba a revisar los recursos públicos destinados en el proceso de privatización 'sino que interviene en la gestión directa de las actividades, mediante actos propios de un empleador y responsable superior de las empresas codemandadas'. La sentencia abunda en el tema al asegurar que los actuales propietarios de la sociedad, la firma austriaca Austrian Energy, desempeña una función 'puramente formal, dando la apariencia de la parte empleadora'.

La aceleración del conflicto judicial, instado en primer lugar por los trabajadores, buena parte de los cuales han actuado de manera individual, y el grupo público se ha producido como consecuencia de la finalización del periodo de garantías de cinco años dado por la SEPI para la plantilla de Babcock dentro del proceso de privatización. Fuentes consultadas aseguran que en la actualidad, y al margen de los litigios judiciales, sindicatos y SEPI mantienen conversiones para asegurar, por más tiempo, a los trabajadores.

Una resolución favorable a los operarios, según fuentes consultadas, abre una vía complicada para la Administración. En primer lugar, cuestionaría el proceso de privatización de Babcock y, por extensión, del resto de la sociedades que han salido de la órbita pública. Estos procesos, aplicados en compañías como Santa Bárbara, Izar o la propia Babcock, han contado con el beneplácito de las autoridades comunitarias. Desde Bruselas se han autorizado importantes subsidios públicos para las empresas privatizadas. Es más. Se puede dar el caso de que Austrian Energy se encuentre con unos activos y unos terrenos golosos y sin pasivo laboral que pasaría a la SEPI.

Caravana de trabajadores y nuevo plan de ajuste

Asuntos de calado. Los trabajadores de Babcock Power, más de 400, han fletado una caravana de autobuses para acudir hoy a la Audiencia Nacional para apoyar a sus letrados en el litigio que les enfrenta con la SEPI y la antigua Babcock Wilcox. La plantilla ve en la futura resolución de la Audiencia una válvula de escape ante la finalización del periodo de garantía pactado con el grupo público.En el fondo, subyace también el más que previsible nuevo ajuste en Babcock Power diseñado por su accionista Austrian Energy y que supondrá la salida de 80 trabajadores para fijar una plantilla tipo de 300 trabajadores.Al parecer, la intención es dibujar una empresa rentable, un objetivo histórico que no se ha conseguido pero que ha recibido ingentes recursos públicos.

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