La Ley de Dependencia volverá a tener en cuenta el patrimonio
El Gobierno, con la ayuda del PSOE, Esquerra Republicana e IU, eliminará el jueves en el Congreso la enmienda impuesta por el PP en el Senado a la Ley de Dependencia por la cual sólo se tiene en cuenta la renta del beneficiario para el pago de los servicios previstos en esta norma. También contará el patrimonio.
El Grupo Socialista negoció ayer tarde con Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, sus dos socios principales, los términos en los que mañana jueves será aprobado de forma definitiva en el Congreso el proyecto de ley de Dependencia. En esta sesión plenaria tendrá que ser sometido a algunos retoques ya que el PP, aprovechando la mayoría que ostenta en el Senado, introdujo a su paso por la Cámara Alta 26 enmiendas, algunas de las cuales no son del agrado del Ministerio de Trabajo que dirige Jesús Caldera.
La principal es la que elimina el criterio de patrimonio a la hora de fijar la cuantía que abonará el usuario para financiar los servicios y las prestaciones previstas en la ley, de forma que sólo cuente su renta personal. El PP defendió en la Cámara Alta que con esta iniciativa se facilita que un mayor número de personas accedan al sistema de dependencia, porque puede que alguien posea mucho patrimonio y una renta muy reducida. Este argumento no gustó nada al PSOE, pero tuvo que resignarse porque el PP contó con el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante la enmienda.
Previamente, ambos grupos habían presentado una enmienda de veto al proyecto de ley por considerar que invade competencias de las comunidades autónomas. En concreto, los nacionalistas vascos entienden que el proyecto no trata por igual a todas las personas en situación de dependencia y no reconoce a numerosos colectivos como potenciales beneficiarios.
Desde entonces, el PSOE no ha podido conseguir un acuerdo con CiU y el PNV, pues defienden el mismo criterio, razón por la cual el grupo mayoritario tendrá que apoyarse mañana jueves en Esquerra Republicana y en Izquierda Unida para devolver el proyecto de ley a su estado inicial tal y como salió del Congreso en este aspecto concreto.
El coste de la ley cuando entre en vigor a partir de enero sería notablemente más alto en caso de que mañana no se eliminaran esta y otras enmiendas introducidas por el PP en el Senado. En otras iniciativas aprobadas en la Cámara Alta que el PSOE prevé rechazar mañana con la ayuda de sus socios se amplía el catálogo de servicios y se incluye una disposición relativa al apoyo que debe ofrecerse a las personas con discapacidad intelectual a través de un plan integral de atención que abarcaría aspectos educativos, sanitarios y de igualdad de oportunidades.
En otra enmienda promovida por CiU que también será previsiblemente eliminada se encomienda al Gobierno la reforma en el próximo semestre de las pensiones no contributivas por invalidez para tener en cuenta las rentas de la persona beneficiaria de la prestación y no las de la unidad económica de convivencia en la que eventualmente esté integrado el beneficiario.
Todos los intentos de aproximación del PSOE a CiU en este proyecto de ley han fracasado. A juicio del diputado nacionalista Carles Campuzano, 'mañana tendremos una foto difícil de asumir para Esquerra Republicana e Izquierda Unida, puesto que para apoyar al Gobierno tendrán que rechazar medidas que favorecen a las clases más desfavorecidas'.
El Gobierno prepara una campaña informativa
El nuevo sistema público de atención a dependientes se pondrá en marcha entre los años 2007 y 2015 y atenderá durante este periodo a más de un millón de personas residentes en España en situación de dependencia.Antes de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno central y las comunidades autónomas promoverán campañas informativas dirigidas a los ciudadanos con el fin de orientarles en la presentación de solicitudes dentro del calendario previsto en la ley que será aprobada mañana en el Congreso de los Diputados.El proyecto de ley prevé que la participación del País Vasco y Navarra en los recursos presupuestarios procedentes del Gobierno central para cubrir los costes de la ley de Dependencia, se realizará mediante la minoración anual en el cupo.