El Gobierno aprueba el plan de asignación de derechos de emisión para 2008-2012
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto del nuevo Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 para el periodo 2008-2012, que supone una reducción anual de las asignaciones del 16% (152,659 millones de toneladas) sobre el plan 2005-2007 y el 20% respecto a las emisiones producidas por la industria en 2005.
Según una nota del Gobierno, el plan, que da cumplimiento al Protocolo de Kioto, ayudará a reducir estas emisiones industriales que representa un 45% del total y 'preserva la competitividad y el empleo de la economía española'.
El objetivo de este PNA es que las emisiones de gases de efecto invernadero en España no superen en más del 37% las del año base (1990) en promedio anual en el periodo 2008-2012. Esta cifra total se alcanza a través de la suma del 15% de incremento del objetivo del Protocolo de Kioto de un 2% adicional a través de la absorción por los sumideros y de la adecuación del equivalente a un 20% en créditos de carbono procedente de los mecanismos de flexibilidad que establece dicho protocolo.
A los sectores industriales se asignan gratis al año 73,64 millones de toneladas de derechos y en el eléctrico, 54,053 millones de toneladas, cantidad sensiblemente inferior a la asignada para 2005-2007 (85,4 millones de toneladas por año).
Según el real decreto, las asignaciones individuales deben concretarse a través de un procedimiento administrativo de asignación, previa solicitud, antes del 30 de diciembre. El plan incorpora la interpretación de la definición de instalación de combustión acordada en la reunión del Comité de Cambio Climático de la Comisión Europea de 31 de mayo. En cuanto a los sectores difusos (que no están afectados por la directiva sobre el comercio de emisiones) que representan un 55% de las emisiones, el Gobierno ha introducido medidas a medio y largo plazo, como el plan de energías renovables, el de ahorro y eficiencia energética y el Código Técnico de la Edificación.
En este sentido, el Gobierno ha dado rango de dirección general a la Oficina Española de Cambio Climático, dentro de la Secretaría General del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.