Las regiones turísticas exigen más dinero para la cobertura sanitaria
Ocho de cada diez turistas que llegan a España pasan sus vacaciones en cinco comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Canarias). Estas autonomías solicitarán en la próxima conferencia de presidentes autonómicos más dinero por el fuerte incremento del gasto sanitario, derivado de atender a turistas nacionales y extranjeros.
El Ejecutivo se comprometió en la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada en septiembre de 2005, a reforzar los mecanismos de compensación para las comunidades que más turistas reciben. Con este objetivo, el Ministerio de Sanidad ha duplicado la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, que ha pasado de 55 a 100 millones en un año .
Sin embargo, este incremento no ha satisfecho a las comunidades más turísticas porque Madrid se lleva 52 de los 100 millones de euros previstos en el Fondo (íntegros por tratar a pacientes derivados de otras autonomías), y en segundo lugar, porque no se han recogido las reclamaciones expuestas durante la negociación del Fondo.
Miquel Argente, director de Recursos del Servicio Catalán de Salud, señala que en el Fondo sólo se contempla financiación para atender a turistas nacionales derivados de una comunidad a otra y no a los desplazados. Un derivado es aquel paciente que es tratado en otra comunidad por la ausencia de infraestructura o de especialistas en la autonomía dónde reside, mientras que un desplazado es aquel que es atendido en la comunidad donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones.
Las comunidades recalcan que no se les compensa por el gasto de los desplazados
'Por esa razón pedimos sin éxito que se cambiará la palabra derivado por desplazado para que se financiarán todas las prestaciones a los turistas, fueran desplazados o derivados'. Además, el Fondo solo financia algunas de las intervenciones y no incluye el pago de la atención primaria o de las recetas, una petición que también trasladarán en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos.
En el caso de los extranjeros, las comunidades les atienden en sus hospitales y pasan la factura a la Seguridad Social, que hace de gestor para cobrarla al sistema sanitario dónde este asegurado.
Según Argente, una de las principales novedades para este año es que el cobro se calculará por la diferencia entre el coste sanitario producido por sus ciudadanos y el gasto de los extranjeros en su territorio. Por su parte, Josep Corcoll, director general de Planificación y Financiación de la Consellería de Sanidad de Baleares, cree que no se está cobrando íntegra la atención a residentes extranjeros.
'El cobro por la atención a esos pacientes se hace a través de unas cuotas globales, en función de los que se hayan empadronado. El problema es que no todos se han dado de alta en el padrón'. Para corregir esta situación, el gobierno aprobó un decreto en febrero estableciendo un nuevo sistema de cobro, de tal manera que la Seguridad Social repartirá el dinero entre las autonomías en función de los meses de residencia efectiva de cada uno de los turistas. A pesar de ellos, los primeros efectos de esta medida no se podrán comprobar, como mínimo, hasta principios de 2007.
En su último informe sobre el Fondo de Cohesión, el Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo, le da la razón a las comunidades autónomas al solicitar 'un mecanismo de financiación adicional al establecido, bien a través del Fondo de Cohesión o los presupuestos, ante la elevada presión migratoria soportada por determinadas zonas del territorio nacional'.
Un registro administrativo para recortar déficitsconciliaciónAniversario
Otra de las reclamaciones de las comunidades autónomas es el retraso de dos o tres años que se produce entre que el sistema regional de salud emite y cobra una factura. Por ese motivo, la Seguridad Social está ultimando los detalles para la creación de un nuevo sistema de gestión, denominado Fissweb, que servirá para agilizar el registro de los turistas atendidos y la facturación del importe de la atención prestada.Este programa se ha empezado a aplicar de forma experimental en la Comunidad Valenciana mediante la creación del Servicio de Información Poblacional (SIP), un registro administrativo que irá sustituyendo de forma paulatina a la cartilla de la Seguridad Social (no estará implantado en su totalidad hasta 2010), y en la que deberán figurar de forma obligatoria los datos de identificación, localización o las prestaciones sanitarias a las que tiene derecho el paciente.Con la aplicación de este programa, la Comunidad Valenciana pretende ir paliando el fuerte crecimiento del déficit, que ya se ha situado en 300 millones de euros, ya que le permitirá identificar casi al instante a todas las personas que sean atendidas y reclamar con la misma celeridad el importe de la atención sanitaria.Este problema también es reconocible en el sistema balear de salud, en el que en mayo se llegó al récord de un millón de tarjetas sanitarias emitidas. El director general de Planificación asegura que en los últimos cuatro años, la autonomía acumula un saldo de 8 millones (facturó 11,5 millones por atención a los extranjeros y pagó 3,5 por la atención de sus ciudadanos en el extranjero), 'de los que tan sólo hemos percibido en torno al 47%'. El caso de Cataluña es bastante similar, ya que, según los responsables del Servicio de Salud, acumula un déficit de 8,8 millones de euros en los últimos cuatro años. Entre 2002 y 2005, Cataluña ha cobrado 42,2 millones de euros del fondo de cohesión sanitaria, mientras que el gasto que ha tenido que asumir ha sido de 51 millones de euros, de los que 45 se destinaron a atender a turistas nacionales desplazados y 6 para los extranjeros.