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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un buen código para las empresas

Dos virtudes que adornan a las buenas leyes es que sean claras y sencillas. En el complejo mundo de la normativa mercantil eso resulta extraordinariamente plausible, porque despeja la actividad de brumosas incertidumbres, facilita la realización de los negocios y, consecuentemente, acrecienta la eficacia de las normas. En el caso de la legislación española en materia mercantil, la dispersión normativa es tan grande que, en muchas ocasiones, se pone en entredicho su aplicabilidad y, por tanto, su eficacia. Esto hace más plausible la iniciativa del Ministerio de Justicia de rescatar el proyecto de redactar un Código de Sociedades Mercantiles que recopile y actualice toda la legislación aplicable en materia societaria.

La misión de refundir en un código toda la materia mercantil, que afecte a todo tipo de sociedades, desde las colectivas a las comanditarias, pasando por las limitadas y, por supuesto, las anónimas no es sencilla. El Gobierno del PP quiso llevarlo a cabo, pero el intento resultó fallido al encontrarse el proyecto publicado en 2002 con críticas de expertos y empresas por contener un marcado carácter intervencionista. Aquel paso, no por frustrado deja de ser válido, siempre que los redactores del actual código -coincidentes en parte con los del nuevo proyecto- lo convierten en bueno al eludir aquellos errores, y eviten injustificadas injerencias en la vida de las empresas.

Simplificar y unificar el marco legislativo en que se mueven las sociedades no hará sino facilitar el trabajo de los empresarios, que lejos de bucear entre farragosos textos legales, no es otro que crear riqueza, empleo y bienestar. Se trata de un proyecto encomiable que va a contar con el apoyo de aquellos que quieren hacer más clara y accesible la ley, es decir, más útil al bien común. Esto es tan evidente como que el proyecto tendrá enfrente las trabas de quienes sacan partido, exclusivamente particular, de la complejidad legislativa.

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