Las eléctricas negocian con la Junta de Extremadura la devolución de la 'ecotasa'
La Junta de Extremadura negocia con las eléctricas la devolución de más de 170 millones de euros en impuestos cobrados de forma indebida tras ser declarada inconstitucional la llamada ecotasa.
La Junta de Extremadura tendrá que devolver a las empresas eléctricas en torno a 170 millones de euros (más los correspondientes intereses legales) al haber anulado el Tribunal Constitucional el conocido como 'impuesto ecológico' (Medidas Fiscales sobre Producción y Transporte de Energía que Incidan en el Medio Ambiente) aprobado por el Gobierno de Rodríguez Ibarra en 1997. De la cantidad total a devolver, Iberdrola debe recibir alrededor de 90 millones de euros, Endesa en torno a 60 millones y Unión Fenosa algo más de 18 millones. El resto se reparte entre pequeñas compañías de distribución de carácter local o comarcal.
Según han confirmado fuentes de las eléctricas, en los últimos días se han intensificado los contactos de alto nivel con responsables del Ejecutivo extremeño para determinar cómo se hará frente a los pagos, ya que 'lógicamente, nos interesa sentarnos y ver fórmulas para ver cómo se nos paga lo que se nos debe'. Mientras, la Junta de Extremadura, que no quiso pronunciarse sobre la cantidad total que tendrá que pagar, se limitó a señalar en un comunicado que la devolución es una consecuencia lógica de la sentencia del Constitucional, emitida en junio pasado.
A raíz de la implantación del impuesto, que grava las centrales de generación, el número de torretas y los kilómetros de tendido eléctrico, el Gobierno de Aznar presentó recurso de inconstitucionalidad, por considerar que se trataba de una doble imposición, al gravarse lo mismo que en el Impuesto de Bienes Inmuebles. La argumentación fue idéntica a la utilizada en un tributo creado por el Gobierno balear y que el Constitucional anuló. Sin embargo, en 2005 Ibarra y Zapatero pactaron la retirada de este recurso si el Gobierno extremeño modificaba algunos puntos de la norma tributaria, condición que se llevó a efecto a finales del pasado año.
Al tiempo, las eléctricas presentaron recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra cada una de las liquidaciones del tributo, que van desde el 1998 hasta 2005. El Alto Tribunal trasladó el caso al Constitucional, y dejó en suspenso la resolución de los contenciosos planteados por las empresas. Esta decisión no se vio afectada por el acuerdo Ibarra-Zapatero, lo que hizo que este recurso siguiese su tramitación. Una vez que el Constitucional se pronunció anulando el impuesto, el Tribunal Superior de Extremadura ha dado curso a las reclamaciones de las eléctricas, y ha emitido en las últimas semanas al menos seis sentencias en las que obliga a la Junta de Extremadura a devolver las cuotas.
Rodríguez Ibarra amenazó a las eléctricas con subir el tipo impositivo del impuesto -la Junta de Extremadura sostiene que con la redacción dada en 2005 el tributo sigue vigente-para afrontar las devoluciones.
La incógnita de 2006
La Junta sostiene que el 'impuesto ecológico' sigue en vigor una vez que se introdujeron en la ley regulatoria los cambios acordados por Ibarra y Zapatero. Según el Gobierno extremeño, el Constitucional lo que anuló fue la norma anterior, pero no la de 2005 y contra esta ya no cabe recurso. Lo cierto es que, efectivamente, el Constitucional en su sentencia de junio apuntó que el fallo no afectaba a la nueva redacción de la norma, por no ser el objeto del recurso. Sin embargo, nada evita que esta nueva ley sea recurrida. El texto reformado entró en vigor en 2006. Como las liquidaciones del impuesto se realizan el 31 de diciembre, aún no se ha girado nada a las eléctricas basado en la nueva norma por lo que no han podido iniciar el trámite legal. Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa declinaron adelantar si recurrirán la liquidación que se les gire tras el cierre del ejercicio.