¿Trabas del Gobierno a la opa de Eon?
La decisión adoptada por la Comisión Europea (CE) el pasado 26 de septiembre, referente a las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la opa de Eon que vulneran la normativa comunitaria sobre fusiones, libre circulación de capital y libertad de establecimiento, dieron lugar a que Bruselas instara formalmente a España a modificar el decreto que amplió los poderes de la CNE. Con ello parecía que la vía para poner en marcha la opa de Eon sobre Endesa sin los condicionantes impuestos por la CNE estaba libre de trabas, dando al Gobierno un plazo de dos meses para aceptar el requerimiento de Bruselas. Si no lo hiciera, el asunto llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El 25 de septiembre, un día antes de la decisión de la CE, Acciona anunció la compra de un 10% de Endesa, expresando su voluntad de llegar al 24,9% si la CNE lo autorizaba. El consejo de la CNE autorizó el pasado 3 de noviembre por unanimidad que Acciona compre acciones hasta el citado techo del 24,9%, con los siguientes condicionantes: garantizar las inversiones de Endesa en las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y de electricidad), comunicar los aumentos de participación que pueda realizar y someterse a un nuevo procedimiento de autorización en el supuesto de que la compra de acciones suponga el control conjunto o exclusivo de Endesa.
El objetivo del Gobierno ha sido siempre lograr en el sector energético campeones nacionales y no campeones europeos, alentando la idea de defensa del interés nacional y que una parte de los ciudadanos piense que los defiende del poder de las multinacionales. Lo que el Gobierno no ha conseguido a través de la regulación por la firme defensa de la CE de los principios del Tratado de la Unión Europea sobre libre circulación de capitales y libertad de establecimiento podría conseguirlo alentando la creación de grupos fuertes de accionistas españoles que controlarían las compañías.
Lo que el Gobierno no ha conseguido a través de la regulación podría conseguirlo alentando la creación de grupos fuertes de accionistas españoles que controlarían las energéticas
Acciona, Caja Madrid, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y algún otro accionista podrían llegar a bloquear la entrada de Eon en Endesa, impidiendo la modificación de los estatutos de esta última, que limitan al 10% los derechos de voto de un accionista; por ello, la oferta de Eon está supeditada a la retirada previa de la citada limitación.
Para modificar tal precepto, es necesario el acuerdo de la junta de accionistas, donde el cambio sea ratificado por la mayoría del capital. Esta operación quedaría consolidada con la fusión de ACS e Iberdrola, constituyendo así dos campeones nacionales que controlarían prácticamente el mercado eléctrico. Este duopolio ¿sería lo mejor para los consumidores? Pero el embrollo no termina aquí. Acaba de saltar a la palestra que un juez de Barcelona investiga a Endesa y Eon por supuesta información privilegiada, con la finalidad de que prosperase la opa de la compañía alemana sobre Gas Natural, incurriendo de esta forma en competencia desleal. La decisión judicial se produce a instancias de Gas Natural y, según información aparecida en la prensa, pocas horas antes de que el Ministerio de Industria hiciera pública la decisión sobre los recursos contra las condiciones impuestas por la CNE a Eon. En marzo Gas Natural planteó una denuncia similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que fue archivada por ésta.
El pasado 4 de noviembre, casi con nocturnidad y alevosía, el Gobierno se retira de la batalla de Eon por Endesa, anulando una gran parte de las condiciones impuestas por la CNE para que la opa pueda llevarse a cabo. Precisamente entre los condicionantes anulados se encuentran los que se referían a que Eon tendría que vender en torno a un tercio de los activos de Endesa (condicionantes 9, 10 y 11: centrales nucleares; sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; centrales de Endesa de Compostilla, Complejo Minero Eléctrico de Teruel, y la participación en Anllares), que fueron rechazadas de plano por Eon.
Sin embargo se mantiene el condicionante de que Eon tendrá que vender las acciones de Endesa en el caso de que en el plazo de 10 años una tercera sociedad adquiera más del 50% de la compañía alemana. Es una condición similar a la que Alemania aplicó en 2002 en el proceso de concentración de Eon con Ruhrgas, que ha sido puesta en cuestión por el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que considera posiblemente ilegal esta regulación. En definitiva, supone mantener la acción de oro del Gobierno español en Endesa, lo que es seguro no será admitido por la Comisión Europea.
Y la Comisión Europea ha instado formalmente a España a anular el decreto que ampliaba los poderes de la CNE. Tal decreto se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a la Comisión y sin que ésta lo aprobara, infringiéndose las obligaciones previstas en el artículo 21 del reglamento de fusiones comunitario.
La resolución del Ministerio de Industria, aunque elimina algunas de las condiciones impuestas a Eon, quizás las más importantes, sin embargo insiste en la validez y plena aplicabilidad del citado decreto, lo que dará lugar a que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE.
Después de este largo recorrido por los últimos acontecimientos habidos en relación con la opa de Eon, me surge la duda de si la resolución de Industria, favorable para Eon en las cuestiones principales, no ha llegado tarde para que realmente la empresa alemana pueda adquirir Endesa.
Como hemos dicho con anterioridad, el grupo Acciona, Caja Madrid, la SEPI y quizás algún otro accionista pueden bloquear la entrada de Eon en Endesa, y ésta se convertiría en un campeón nacional de la electricidad, como era el objetivo del Gobierno.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid