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Corrupción urbanística

El decano de arquitectos de Madrid pide parar unos años las recalificaciones

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Ricardo Aroca, propuso ayer una moratoria de varios años para acabar con la corrupción urbanística. A su juicio, hay suficiente terreno calificado para muchos años, por lo que pidió que no se recalifique 'absolutamente nada'.

En declaraciones a Servimedia, Aroca indicó que los escándalos urbanísticos de las últimas semanas en la región madrileña y en otros lugares del país 'no son un tema de partidos políticos. Yo creo que es un lacra social. Realmente es tan fácil hacer dinero con una recalificación que, independientemente de la supuesta ideología, con que algunos no se resistan ya tenemos un escándalo'.

A su juicio, 'es muy difícil que el cien por cien de los representantes elegidos por el pueblo tengan suficiente fibra moral para resistir estas tentaciones de que un pequeño cambio supone miles de millones'. Indicó que lo que está mal es 'un sistema que pone a la gente ante esas tentaciones'.

Aroca, quien cree que los casos de corrupción que han salido a la luz son sólo la punta del iceberg, considera que en una situación como esta lo que habría que hacer es plantear una moratoria en las recalificaciones.

El decano cree que habría que examinar en manos de quién está el suelo, porque 'el problema no es que no haya suelo calificado, sino que el suelo calificado para construir está en manos de muy poca gente y éstos dosifican la entrada del suelo en el mercado'. Además, según Aroca, habría que resolver el problema de la financiación de las corporaciones locales. Para ello defendió la postura de que un ayuntamiento debe financiarse con impuestos, 'y no sacando conejos de la chistera, porque a la larga sacar conejos de la chistera es carísimo'.

Otra medida drástica que podría adoptarse para acabar con la corrupción, aunque reconoció que 'es difícil de tomar', es la que se decidió en los años 20 ante una crisis especulativa semejante en Holanda: 'que el derecho a construir no sea de los propietarios del suelo, sino de la Administración'.

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