Más flexibilidad hipotecaria
El Gobierno somete esta semana a discusión pública su reforma hipotecaria, con la que pretende aligerar los costes de novación, subrogación y cancelación de contratos hipotecarios entre los hogares y la banca. Además de introducir racionalidad tarifaria por la movilidad del mercado, desea estimular competencia y transparencia, para que la parte más débil del contrato, el particular, disponga de toda la información antes de comprometer su firma.
Los bancos y las cajas deberán poner a disposición de la demanda todos los escenarios financieros a los que se expone quien compre una casa a crédito, especialmente los que se derivan de subidas de tipos de interés. Además, deberán ofrecer a sus clientes alternativas de créditos, con el mestizaje del tipo variable y el fijo, para que puedan calibrar sus riesgos y ajustarlos a sus posibilidades financieras.
Habrá una reducción significativa de las tarifas que devengan los notarios y los registradores por las operaciones inmobiliarias de los particulares, así como limitaciones (hasta 0,5% del capital) para las cancelaciones de hipotecas. Tiene sentido que para simples actos administrativos como son la fe pública y la seguridad jurídica de la propiedad que proporciona el registro, las tarifas se ajusten a los costes.
En cuanto a las comisiones por cancelación de un contrato es más discutible la intervención del poder público, dado su carácter privado y que es un mercado que opera en abierta competencia. La Administración debe poner el mismo celo que en este recorte de comisiones, en prohibir su sustitución por otras figuras sucedáneas, como la de apertura o estudio, que responden a costes artificiales que, además, se abonan siempre en el nacimiento de la relación contractual.
Cierto es que, mientras los costes hipotecarios se reducen, no hay un comportamiento paralelo en los impuestos y tasas municipales y autonómicos sobre la actividad inmobiliaria, a los que han convertido en su primera fuente de ingresos, y que son bastante más gravosos que las tasas de notarios, registradores y banca.