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Acuerdo

El PSOE rechaza planes urbanísticos sin dotaciones de servicios públicos

El PSOE intervino ayer en la polémica sobre los escándalos urbanísticos y propuso un decálogo en contra de la corrupción, dirigido a comunidades y ayuntamientos. Entre otros asuntos y de cara a las próximas elecciones municipales, plantea que los crecimientos urbanos previstos vayan dotados previamente de los servicios públicos e infraestructuras necesarias.

Con el Gobierno socialista, se ha acabado el descontrol urbanístico', sentenció ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco tras presentar un decálogo 'Por una nueva política urbanística y del territorio', que recoge las medidas en materia de vivienda que los socialistas pretenden incluir en el futuro programa electoral, así como algunos cambios que preparan en la Ley de Suelo. En concreto, estas son sus propuestas:

1 Recuperar la función social de la vivienda. Para ello, el partido propone reservar al menos el 25% del suelo residencial para vivienda protegida y apostar por el mercado del alquiler frente a la compra de casas.

2 Hacer ciudades habitables. No se propiciarán desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios.

3 Priorizar la rehabilitación y recuperación de barrios degradados frente a la construcción de otros nuevos.

4 Preservar el patrimonio natural. Salvar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los necesarios para reserva de futuro.

5 Reclamar a las comunidades que asuman su plena responsabilidad en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales. Se persigue que dos poblaciones no compitan por ver quien crece más sino donde se vive mejor.

6 Establecer límites al crecimiento urbano. Dichos límites se fijarán en función de las demandas económicas y demográficas reales y potenciales de la localidad; la capacidad de absorber el crecimiento y la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio en el que se desarrollará.

7 Perseguir las recalificaciones indiscriminadas de suelo y dar carácter absolutamente excepcional a dichas recalificaciones de suelo no urbanizable; y acompañarlas de revisión del Plan General.

8 Transparencia informativa, sometiendo a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística.

9 Los beneficios de las recalificaciones deberán revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos.

10 Cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Potenciar medidas para luchar contra las prácticas ilegales: nuevas fiscalías, unidades de las fuerzas de seguridad especializadas.

Blanco explicó que el decálogo está especialmente dedicado a los ayuntamientos y, sobre todo, a las comunidades autónomas, 'que deben permanecer vigilantes y no pueden mirar para otro lado'. Dicho esto, matizó que el Gobierno no pretende recuperar ninguna competencia urbanística para el Estado, 'porque aunque quisiéramos, no podríamos', ya que según explicó, una sentencia del Tribunal Constitucional atribuye las competencias urbanísticas a las comunidades, 'y el Gobierno va a ser respetuoso'.

La Ejecutiva socialista acordó también ayer que el PSOE expulsará de su militancia a cualquier persona 'sobre quien recaigan indicios racionales de criminalidad o de estar implicados en delitos urbanísticos'. Precisó que, en el caso de que estas personas ostenten algún cargo, 'se les exigirá la dimisión' y si no, 'tampoco se les permitirá formar parte de las listas electorales'. Además, animó al PP a que haga lo mismo.

Dejar al margen la financiación municipal

El crecimiento desordenado e insostenible de los municipios 'no se debe mezclar con la financiación de los ayuntamientos, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra'. Esto es lo que opinó ayer el secretario de Organización del PSOE quien explicó que el decálogo que proponen los socialistas queda al margen del dilema de la financiación municipal. Sin embargo, la Asociación de Promotores y Constructores de España replicó que atajar la corrupción urbanística es 'tan fácil' como evitar que los municipios se financien con la venta especulativa de suelo. Blanco también culpó a la 'ley (del suelo) Cascos', hoy vigente, 'de esta especulación salvaje que hoy conocemos'.

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