Consumo

Más armas legales para proteger al consumidor

La Ley de Mejora de la Protección del Consumidor erradica los redondeos y facilitará darse de baja de los contratos

El indeseado redondeo al alza de los aparcamientos o la pesadilla que supone darse de baja en una compañía telefónica van a encontrar un serio obstáculo en el Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que quedó aprobada por el Congreso a comienzos de este mes y ha de iniciar ahora su tramitación en el Senado. El texto supone un paso adelante para poner fin a las cláusulas abusivas que sufren los consumidores al firmar sus contratos y para corroborar numerosos aspectos que ya estaban recogidos en la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como la prohibición del redondeo al alza, pero sobre los que quedaban algunas lagunas y resquicios en su aplicación que siguen perjudicando al consumidor. Además, responde a la advertencia llegada desde la Comisión Europea, que en 2003 denunció que España incumplía la directiva comunitaria en relación a las cláusulas abusivas a los consumidores.

A la espera de los últimos trámites parlamentarios, el Ministerio de Sanidad y Consumo calcula que la nueva ley entrará en vigor el próximo año. A partir de entonces, el consumidor deberá encontrar las mismas facilidades a la hora de darse de alta de un producto que en el momento de darse de baja. 'En la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato', reza el texto. De este modo, el consumidor deberá quedar plenamente informado de los pasos a seguir para darse de baja ya desde el mismo momento en que contrata el producto.

Otra de las puntualizaciones que introduce la nueva ley será la obligatoriedad de informar sobre el precio final del producto, una novedad que va a afectar especialmente a las compañías aéreas puesto que en la publicidad deberá desglosarse con detalle el importe de los gastos adicionales, impuestos y de todos los incrementos que se apliquen al producto. Obviamente, toda la información que se ofrezca al consumidor en relación a su contrato deberá ser gratuita. Además, los servicios de información y atención al cliente deberán asegurarse de que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones y de ofrecer una atención personalizada directa, no únicamente a través del teléfono o Internet.

La nueva ley establece también que la interpretación de las cláusulas de los contratos sea favorable al consumidor, aunque sólo en el caso de que responda a una denuncia individual. 'No nos agrada que no pueda ser en nombre de los consumidores', replica Fernando Móner, vicepresidente de CECU (Confederación Española de Consumidores y Usuarios).

La reforma pendiente

Las asociaciones de consumidores advierten, en cualquier caso, que este proyecto de ley, si bien introduce mejoras, como su propio nombre indica, es sólo el anticipo de una reforma más amplia. El Gobierno tiene prevista la refundición de la ley marco que regula las relaciones entre empresa y clientes, que data de 1984, y cuya actualización está prevista para el próximo año. 'Es necesario actualizar el marco sancionador, vigente desde los años 80. Las sanciones deben ser múltiplos de los beneficios que obtienen las empresas con las conductas abusivas', denuncian en Facua. 'El consumo es un sector muy dinámico y hay que ser más ágiles', añaden desde CECU.

Las principales novedades

Vivienda. Los consumidores podrán contar con un poco más de libertad para contratar su hipoteca. Descontadas las dificultades para acceder al crédito, el cliente que quiera renunciar a la hipoteca que le propone la promotora de la vivienda no podrá ser castigado al subrogarse y contratar el crédito con otra entidad. La actual legislación ya respalda la posibilidad de cambiar de hipoteca en este caso y ahora quedará además descartada cualquier penalización para el cliente. La nueva ley prohíbe también trasladar al cliente los gastos de conexión a los suministros generales, es decir, la acometida de agua o de electricidad, ya que la vivienda ha de entregarse en condiciones de habitabilidad.

Aparcamientos. La supresión total del redondeo al alza en los precios afecta de forma directa a los aparcamientos, que deberán empezar a cobrar por tiempo real en minutos. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en el Congreso concede una moratoria para la aplicación de esta exigencia de cinco meses para los aparcamientos públicos de titularidad privada y de hasta ocho meses para los que funcionan en régimen de concesión administrativa. En opinión de Facua, la ley pretende dar carta de legalidad con tal moratoria a los redondeos aplicados en los aparcamientos, que ya deberían haber quedado prohibidos de acuerdo con la ley de 1984 de Defensa de Consumidores y Usuarios.

Aerolíneas. Las campañas publicitarias de las compañías aéreas van a perder brillo a la hora de anunciar agresivas ofertas de vuelos. La Ley de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios establece la obligatoriedad de informar del precio total del producto. 'En toda información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares', señala el proyecto de ley.

Telefonía. La eliminación del redondeo en los servicios de telefonía es asignatura pendiente para el Gobierno y ni siquiera con la nueva ley queda garantizada su total supresión, según denuncian algunas asociaciones de consumidores. Las operadoras de telefonía móvil ya ofertan tarifas por segundos sin redondeo, si bien en Facua denuncian que estas tarifas resultan en la práctica más costosas que aquellas que sí lo aplican. 'Se trata de inclinar al cliente hacia las tarifas que siguen aplicando el redondeo', sostienen en Facua. Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo puntualizan que la ley perseguirá cualquier cobro abusivo de tiempos que no hayan sido utilizados.

Más recursos y ¿más independencia?

La nueva ley de consumo dará carta blanca a una situación hasta ahora insólita. Las empresas privadas podrán financiar a las asociaciones de consumidores, siempre que su dinero se dedique sólo a costear planes de formación o estudios de interés general para el consumidor. El Ministerio de Sanidad y Consumo, promotor de la ley, argumenta que, de este modo, se aumentará la transparencia y se clarificará la financiación que reciben las asociaciones. Algunas han dado la bienvenida a la medida pero otras, como Facua, denuncian que éste es el primer paso para la pérdida de independencia y defienden que sea el propio Ministerio quien canalice hacia las asociaciones los patrocinios de las empresas privadas. Facua, una de las asociaciones más activas en la defensa de los derechos de los consumidores, denuncia además que con la nueva ley perderá la facultad de interponer demandas judiciales colectivas, al no formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios por no contar con la suficiente antigüedad.