Nacionalistas y PP exigen cambios en la ley de suelo para apoyarla
El proyecto de ley de suelo ha iniciado el trámite parlamentario con mal pie. Ninguno de los grandes grupos apoya el texto. PP, CiU y ERC consideran que la ley invade competencias regionales y estudian presentar enmienda a la totalidad. Los grupos rechazan la cesión del 25% del suelo para VPO y la entrega de más metros cuadrados a los ayuntamientos.
A la pregunta de si será posible la firma de un Pacto de Estado por el Suelo, la respuesta en estos momentos es negativa, ya que el texto del proyecto de ley planteado por el departamento que dirige María Antonia Trujillo no ha logrado recabar de momento los apoyos parlamentarios necesarios para poder ser aprobado.
Sin embargo, los dos grandes partidos nacionales, PSOE y Partido Popular coincidieron en 2004 en incluir en sus programas electorales la necesidad de conseguir dicho acuerdo nacional.
'Lograr ese pacto de Estado sería la única garantía de que la ley resultante tiene visos de estabilidad en el tiempo. De lo contrario, ya asumimos que en el próximo cambio de Gobierno la norma volvería a reformarse', advierten desde el sector inmobiliario.
El establecimiento de una reserva mínima de suelo del 25% en los nuevos desarrollos urbanísticos para promover vivienda protegida (VPO), el renovado sistema de valoraciones y el aumento de la cesión de aprovechamiento a los ayuntamientos a la que están obligados los promotores son tres de los aspectos que generan más rechazo.
Además, entre los grupos de la oposición cunde la crítica, no sólo al contenido del proyecto de ley, sino también a cómo llevó el Ministerio de Vivienda su elaboración.
'Intentar llevar a cabo un pacto de Estado de suelo con un proyecto de ley no era el mecanismo adecuado. Lo mejor hubiera sido hacerlo a través de una conferencia sectorial ya que lo que necesitamos es un acuerdo político, no una nueva ley', explica el portavoz de CiU en la Comisión de Fomento y Vivienda, Jordi Jané.
El grupo parlamentario popular ha solicitado un aplazamiento para poder disponer de más tiempo antes de presentar su enmienda a la totalidad, cuyo plazo termina mañana martes, día 17.
El portavoz del Partido Popular, Pablo Matos, asegura que el equipo jurídico de su grupo ha efectuado un análisis pormenorizado del texto y ha encontrado varias cuestiones en las que hay una clara invasión de las competencias de las comunidades autónomas. 'Destaca el establecimiento de la reserva del 25% para VPO porque aunque es cierto que el texto especifica que serán las regiones quienes fijen el porcentaje definitivo, también dice que ése no podrá ser nunca inferior a esa cifra', añade Matos.
De ahí, que el PP vaya a solicitar la retirada de la reserva, independientemente del porcentaje marcado. 'Tampoco compartimos las distintas categorías de suelo que fija y el nuevo sistema de valoraciones que, a nuestro juicio, lo único que generará es una gran inseguridad jurídica', añade el portavoz del PP.
Desde ERC se recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional ya dejó claro en manos de quién recaían las competencias urbanísticas. Los republicanos catalanes instan a los responsables del grupo socialista a que realicen los cambios oportunos para poder respaldar la ley.
El Gobierno defiende la constitucionalidad del texto
El Ministerio de Vivienda, responsable del proyecto de ley del suelo, defiende que todos y cada uno de los artículos respetan el reparto de competencias en materia urbanística entre administración central, comunidades y ayuntamientos.El departamento de Trujillo recuerda que, a la hora de establecer la reserva para VPO, son las comunidades las que tendrán siempre la responsabilidad de aplicar el porcentaje definitivo. 'Ninguna comunidad debería presentar recursos ante los tribunales porque todos los artículos están ajustados a derecho', indica, sin renunciar a ninguno de ellos.