Las empresas ayudarán al Gobierno a diseñar la administración electrónica
El Gobierno está recabando la colaboración de un grupo de responsables de grandes empresas para poner en marcha la futura ley de administración electrónica, por la que el usuario podrá exigir a todas las Administraciones públicas la gestión de todos los trámites por vía telemática.
La importancia del sector privado está siendo vital para la elaboración de la norma, ahora en fase de borrador pero que el Gobierno prevé que se encuentre en trámite parlamentario el próximo año. Los expertos a los que está recabando ayuda están encuadrados en un consejo asesor de la administración electrónica.
Del mundo empresarial están representadas firmas como Microsoft, Telefónica, Accenture o IBM. 'Por el momento, ya han reclamado al Gobierno que fije plazos claros para la prestación de servicios electrónicos a los usuarios y que se consiga un fuerte consenso entre todas las administraciones para poner en marcha la ley', ya que la norma obligará tanto al Estado central, como a comunidades y municipios, según explica Consuelo Sánchez, secretaria general de Administración Pública.
En este último asunto, ya se han realizado los primeros 'contactos técnicos' con responsables de las comunidades autónomas. La ley habilitará a los Ejecutivos regionales a graduar los servicios a los que estarán obligados a prestar, en función de sus posibilidades.
La norma pretende que el ciudadano pueda, por primera vez, exigir a cualquier administración todo tipo de trámites por vía telemática (internet, mensajes sms o televisión digital), desde el pago de tributos a solicitud de ayudas, subvenciones o procedimientos de contratación pública. Además, se deberán poder gestionar las 24 horas al día y los 365 días al mes.
Ahora la administración ya ofrece entre el 60% y el 70% de sus servicios vía internet, pero rara vez el ciudadano tiene la posibilidad de realizar todo un procedimiento (por ejemplo una petición de subvención, seguimiento de la misma y autorización) sólo por vía telemática.
La nueva ley obligará, a su vez, a los ciudadanos a relacionarse con la administración por internet 'en ciertos trámites específicos' y en los que se tenga constancia de que no supondrá un sobreesfuerzo para el contribuyente, según Sánchez. El catálogo de estos servicios está aún por definir.
Habrá memoria económica, pero sin financiación adicional
La nueva ley incorporará una memoria económica, aún en elaboración, con cálculos sobre el 'ahorro de tiempo y recursos' que la misma va a suponer. En cuanto a su financiación, el Gobierno pretende que la mayor parte de los gastos se carguen a los Presupuestos ordinarios, 'sin dotaciones adicionales' de relevancia. 'Las administraciones ya gastan ahora cerca de 1.600 millones a la implantación de servicios online; habrá un sobrecoste pero de pequeña entidad', añade el director de Modernización Administrativa, Juan Miguel Márquez.