Viajeros europeos sospechosos
Todos somos estadounidenses', enfatizó el diario francés Le Monde tras los trágicos acontecimientos del 11-S de 2001 en EE UU. Cinco años después, la metafórica solidaridad parece haberse convertido en una inevitable realidad para millones de europeos que simplemente deciden comprar un billete de avión. La política antiterrorista desplegada por la Administración Bush presenta una alarmante tentación extraterritorial que la UE no parece capaz de contener. Washington quiere aprovechar un lamentable rifirrafe institucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión para ampliar unilateralmente el alcance del acuerdo de 2004 sobre transmisión de datos de los pasajeros de vuelos transatlánticos. Y los ministros de Justicia de la UE parecen dispuestos a encajarlo sin rechistar.
El Tribunal de la UE anuló en mayo, como consecuencia de un poco afortunado recurso del Parlamento Europeo, el acuerdo firmado entre Bruselas y Washington para la transmisión a EE UU de hasta 34 categorías de datos personales de los pasajeros de vuelos transatlánticos. El convenio estaba lejos de la perfección, pero al menos impedía transmitir los datos más sensibles, limitaba a tres años y medio el uso de los aportados y lo ceñía a la Agencia de Aduanas de EE UU. Todas esas salvaguardas, como el resto del tratado, perdieron su validez el pasado sábado, 30 de septiembre.
La Administración de EE UU ha aprovechado este vacío legal para volver a colocar a las aerolíneas europeas entre la espada y la pared: o facilitan los datos -con lo que se exponen a una denuncia de sus clientes por violar las normas sobre protección de la intimidad- o cancelan sus vuelos con destino a EE UU.
Bruselas debe resistir esta extorsión y negociar un tratado que dé la certidumbre legal que requiere el enorme mercado aéreo transatlántico. Pero no debe permitir que Washington trate a los 25 millones de pasajeros que cruzan el océano con compañías europeas como sospechosos a los que ni se garantiza el derecho a la intimidad.