Competitividad tributaria
Rebajas impositivas. La globalización facilita a las empresas la búsqueda del domicilio fiscal más favorable. Los Estados compiten ante esta movilidad con rebajas del impuesto de sociedades. Una espiral que se acelerará con la armonización de la base imponible y puede transformar el modelo fiscal de la UE
Tras el exitoso ingreso de España en la Unión Europea y la posterior y meritoria, diríase incluso que brillante, incorporación a la unión monetaria, a nuestro país apenas le quedan dos políticas autónomas de enjundia para poder competir con los demás socios comunitarios: la tecnológica y la fiscal.
Sin fronteras económicas y un tipo de cambio fijo, la política fiscal puede ser un arma de notable impacto competitivo si se utiliza debidamente; lo que no debiera ser especialmente difícil, dadas las bases de partida.
Si bien la presión fiscal total de la economía española está por debajo de la media de la UE-15 -lo que ha facilitado el largo periodo de crecimiento que estamos viviendo-, sin embargo, la que pesa sobre las empresas se sitúa a la cabeza de Europa. Aun siendo importante la cuantía de la recaudación fiscal, más lo es -de cara a la competitividad de las empresas- su estructura. Así, mientras que la fiscalidad implícita sobre el capital de nuestro país se sitúa por encima de la media europea, la imposición indirecta -sobre el consumo- tiene un menor peso relativo.
Líderes en el impuesto de sociedades, desmesuradamente distanciados de los demás países -tanto OCDE como UE- en cotizaciones sociales a cargo de la empresa y con recargos parafiscales en el sector tecnológico por excelencia -las telecomunicaciones- que superan la fiscalidad regular, las empresas españolas compiten con un muy pesado handicap.
Los países con los que debiéramos compararnos: los escandinavos e Irlanda, tienen un tipo impositivo más de 10 puntos inferior y una carga social en las empresas mucho más reducida. Y para -se supone- competir con ellos, el Gobierno plantea una reforma fiscal, que con la excusa de rebajar cinco puntos el tipo impositivo -con lo cual seguiríamos en cabeza de Europa- elimina todas las deducciones fiscales, entre las que se encuentran las relacionadas con la inversión tecnológica, la I+D, la formación y la exportación; es decir con los factores de competitividad de la economía española.
Siendo evidente -se podría hablar de auténtico consenso doctrinal, político y social- la necesidad de que la economía española mejore su productividad y competitividad, la fiscalidad en vigor y la reforma en marcha no resultan coherentes con tan anhelado objetivo.
España necesita invertir en tecnología hasta situarse al nivel de los países líderes; atraer inversiones de alto contenido tecnológico; aumentar considerablemente el esfuerzo empresarial en I+D; extender e intensificar la formación de los trabajadores y exportar productos y servicios que permitan financiar las importaciones que el crecimiento español demanda.
Si tradicionalmente la política económica española ha venido a incentivar más las actividades menos abiertas a la competencia internacional y a la innovación, generadoras de un bajo nivel de productividad que, además, permanece estancada, frente a las más intensivas en tecnología e innovación y abiertas a la competencia internacional, la reforma fiscal que ahora se plantea abundaría aún más en la dirección equivocada.
Se mire como se mire, la reforma fiscal en ciernes, de llevarse a cabo, castigaría las actividades económicas de mayor interés y calado para el mejor porvenir de España, mientras beneficiaría a todas las demás, las que menos contribuyen a mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país.
Las deducciones fiscales, a diferencia de otras ayudas públicas, tienen un alcance general y por tanto indiscriminado; son un derecho que libremente ejercen las empresas, sin necesidad de solicitudes ni intervenciones previas administrativas. No las reparte nadie; quizás por eso, son poco políticas.
En España sabemos por la reciente experiencia, que una reducción de tipos impositivos puede mejorar la recaudación fiscal y que los gastos públicos corrientes -que están aumentando más de la cuenta-, no favorecen el crecimiento económico a largo plazo.
En vez de la reforma fiscal en ciernes, lo que España necesita es: una rebaja del tipo del impuesto de sociedades aún mayor, para dejarlo en la media de la UE -en torno a un 25%- que nos permita competir con nuestros socios de la Unión; mantener las deducciones que favorecen a las empresas más competitivas, es decir, a las que más invierten en tecnología e innovación; reducir la injustificada sobrepresión fiscal que padecen las telecomunicaciones, y bajar considerablemente el coste de la seguridad social -¡casi el doble de la media de la UE y OCDE!- de las empresas.
Presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic)