Interpretación política de la inmigración
El fenómeno de la inmigración ilegal ocupa ya el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos en España. El autor analiza la forma de abordar el hecho migratorio por el Gobierno que, en su opinión, ha pasado de plantear el problema con rigor a un endurecimiento del discurso
La sesión que celebró la Comisión de Interior del Congreso el pasado 31 de agosto resultó alentadora para cuantos venimos tratando del tema de la inmigración bajo aspectos científicos, porque daba la impresión de que, por una vez y quizás sirviendo de precedente, nuestra clase política iba al fondo del problema, lo que era tanto como sentar las bases para poder procurar su solución.
En efecto, Alfredo Pérez Rubalcaba no ocultó que el problema sólo estaba empezando, con lo que parecía conocer los factores demográficos, de los que me he ocupado en ocasiones anteriores, que van a duplicar en el corto intervalo de 24 años una población subsahariana en la que los menores de 15 años suponen el 50% de sus efectivos. También señaló de qué modo la actitud explotadora de los países ricos mantenía escandalosas diferencias de renta y dificultaba el desarrollo de pueblos que seguirían abocados a la expulsión de buena parte de su población, cuestión ésta en la que incidieron otros portavoces parlamentarios como el del PNV, que modernizaron el discurso propio de la derecha, asumiendo al parecer las tesis de economistas como Stiglitz, que vienen alertando sobre los efectos negativos de la globalización en materia de desigualdad.
Sin embargo, este tipo de análisis del fenómeno migratorio ha cambiado repentinamente y, durante la pasada semana, hemos escuchado discursos que, abandonando esa línea de rigor, comenzaban a manejar eslóganes políticos dirigidos a una ciudadanía que, según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha situado la inmigración como primer problema de preocupación y que, en breve, ha de acudir a las urnas.
El cambio del discurso gubernamental, prometiendo no más regularizaciones masivas, control estricto de fronteras, repatriación de inmigrantes ilegales y hasta una enésima ley de extranjería viene a dar la razón a los argumentos del principal partido de la oposición, que siempre achacó el efecto llamada a la regularización de 2004, como si buena parte de los 700.000 extranjeros más que aparecieron en el padrón de 1 de enero de 2005, respecto a igual fecha de 2004, no estuvieran desde antes en España, aunque sin aflorar por temor a su expulsión anunciada, y desconociendo el hecho de que la población extranjera creció durante el mandato del PP del medio millón reflejado por el padrón de 1996 hasta los más de tres millones contados por el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004.
Desgraciadamente, la información demográfica existente no permite enjuiciar con exactitud lo que ha ocurrido en materia de inmigración. Se sabe que, a las dificultades de medición de cualquier fenómeno social, en materia de emigración se suman los recelos y temores de seres humanos que, en este caso, son especialmente vulnerables, sienten fundados temores y, salvo el caso de quienes por provenir de América comparten nuestro idioma, tienen graves problemas de comunicación y, por supuesto, de llegar a enterarse de la existencia de leyes que les afectan o de comprender su alcance. Este problema de comprensión puede haber provocado que medio millón de extranjeros sin permiso fijo de residencia no hayan renovado su inscripción y, por tanto, hayan sido dados de baja provisionalmente en el padrón de 2006 en cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, cuestión que en algunas comunidades, como la de Madrid, se está intentado resolver por todos los medios para recuperar los casi 200.000 residentes extranjeros que se han perdido por esta causa.
El endurecimiento del discurso del Gobierno, que se ha intentado suavizar en la conferencia política del PSOE de este fin de semana, además de no conseguir la ingenua pretensión de alcanzar pactos de Estado con el PP ante la inmigración, tiene el efecto perverso de ocultar las razones de este problema que empezaban a aflorar.
Pero quizás lo más lamentable de la nueva actitud de dureza que dejan traslucir las declaraciones sea el desprecio que implican hacia la capacidad de un pueblo como el español, que por su historia podría interpretar sin dificultad las razones de los movimientos migratorios, siempre dolorosos para sus protagonistas, y que son la consecuencia natural de desigualdades, guerras, persecuciones, epidemias, desertización y demás contradicciones que deberían centrar la atención de los países desarrollados, donde últimamente también comienza a prestarse atención a quienes, como en el caso de Nicolas Sarkozy en Francia, sólo saben elaborar discursos duros y pretenden imposibles blindajes de unas fronteras que nadie quiere recordar cómo se forjaron. Sin plantearse que, junto con las necesarias medidas de control, es preciso ir a la raíz del problema.