Chamartín, modo de empleo
Las sesiones del Consorcio de Tutela de la llamada Prolongación de la Castellana, conocida de soltera como Operación Chamartín, tienen probada tendencia a desembocar en desacuerdos clamorosos con resultado de prórroga de la parálisis. Así sucedió el pasado lunes 11 de septiembre cuando los pronósticos previos parecían augurar el despegue del proyecto. Veremos si, como tantas veces, pasamos de este largo periodo de parálisis a otro de epilepsia en la mejor tradición de nuestro carácter nacional.
Cualquier reality show televisivo palidecería frente a lo que podría mostrar una retransmisión en directo de una reunión, como esta del Consorcio de Tutela, en la que coinciden las representaciones del Ayuntamiento de la Villa, de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Fomento, de Renfe y de la concesionaria Duch (Desarrollos Urbanísticos, S.A.). Ni el mismo don Carlos Clausewitz hubiera sido capaz de fijar en la geografía de este conflicto, que pronto competirá por su duración con la Guerra de los Treinta Años, dónde se encuentra la divisoria de las aguas. Porque según el planteamiento de cada una de las grandes cuestiones o de cada uno de los pequeños detalles, los alineamientos de los cinco actores sentados a la mesa que tienen cartas que jugar cambian vertiginosamente.
Primero pareció que todo se cifraba en las plusvalías a obtener por Duch, una concesionaria participada en el 72,5 % por Argentaria en sus tiempos de banca pública a la que se había sumado sin que conste por qué la Constructora San José con el restante 27,5%. Luego vinieron los cálculos de la optimización de los beneficios y el Ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano acudió solícito a multiplicar los índices de edificabilidad que pasaron del 0,6% al 1,07% para redondear el negocio. Entre tanto habían aparecido los reversionistas dispuestos a reclamar su parte en el festín. Se cumplió aquello del poeta: 'Yo sé que oír y ver al triste enfada cuando se viene y va de la alegría', y cabría añadir del despilfarro.
Todo era competir, como en el cuento de la lechera, mientras se asistía al milagro urbanístico de la multiplicación de los panes y los peces además de la de los coeficientes de edificabilidad.
Para ahuyentar las reclamaciones de los reversionistas, que habían sido expropiados a favor de una causa de interés público, se buscaron resortes legales. Una nueva norma de ámbito autonómico pretendió establecer unos años a partir de los cuales los derechos de reversión se declaraban caducados. Pero surgió el obstáculo planteado por la imposibilidad de que la ley tenga carácter retroactivo. La piedad de José María Álvarez del Manzano, encauzada por un abogado de alto copete, convirtió el caso de la Compañía de Jesús, antigua propietaria, en pieza separada. Con el superior de la Provincia Canónica de Toledo, padre Villamandos, se suscribió un acuerdo con cláusulas secretas por un importe superior a los 10.000 millones de pesetas de las de entonces.
Después de las elecciones del 14 de marzo de 2004 desaparece del escenario Francisco Álvarez Cascos cuando más falta hacía. Hay cambios inducidos en la presidencia de Renfe y de la concesionaria Duch. Y la nueva ministra de Fomento deja pasar el tiempo y avanza un acuerdo de nueva planta con Duch mediante el cual el ministerio renuncia al canon variable y fija un nuevo importe para el canon fijo a percibir de Duch. En su opinión todo son ventajas y acortamiento de los plazos con mayor número de viviendas protegidas. Pero los otros miembros del Consorcio de Tutela exigen saber los términos de ese acuerdo entre dos de los cinco que lo componen. El secretario de Estado Víctor Morlán se niega a practicar el striptease que le exigen en el Consorcio de Tutela y la sesión concluye en el desacuerdo total.
Veremos qué pasa con la sentencia pendiente, prevista para dentro de unos meses, sobre el caso planteado por los reversionistas, y después habrá que atender al enfrentamiento cantado entre el Ayuntamiento y la Comunidad. Chamartín seguirá en la parálisis antes de entrar en la epilepsia. Atentos.