La inmigración, una herida latente en EE UU

Va a ser prácticamente imposible pasar una propuesta en las próximas tres semanas'. Así se expresaba el líder republicano del Senado, Bill Frist, el miércoles, cuando habló de la polémica reforma de la ley de inmigración. Efectivamente, hay muy poco tiempo antes de que los congresistas se vuelquen en las elecciones del 7 de noviembre. Ese día se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Los republicanos pueden perder la mayoría y nadie quiere, en estos momentos, mover asuntos delicados como la inmigración.

La reforma queda así varada en Washington después de meses de rifirrafes, audiencias, negociaciones, intervenciones del presidente y multitudinarias manifestaciones protagonizadas sobre todo por hispanos, la mayor población inmigrante del país. æpermil;stos siguen saliendo aún a las calles.

Pero éste es un debate que, una vez abierto en un país con 11 millones de inmigrantes indocumentados, no se puede cerrar o posponer sin más. Y menos cuando los argumentos se han llevado al sensible terreno de la seguridad nacional y se han polarizado tanto las posturas como para que en cada Cámara se haya aprobado una propuesta de reforma distinta. Conciliarlas en un texto final fue imposible antes del verano y es harto improbable ahora.

La propuesta de los Representantes contempla sólo medidas de control de fronteras y convertiría a los indocumentados en criminales (ahora no tener papeles es una falta). En el Senado, se ha aprobado una disposición, muy favorecida por la minoría demócrata, que además de medidas de seguridad contempla el camino a la legalización (cumpliendo ciertos requisitos y pagando multas e impuestos) y la creación de un programa anual de 'trabajadores invitados'.

Esta propuesta del Senado es la que favorece al presidente George Bush y gusta a los empresarios (normalmente republicanos), aunque es inaceptable para los, ideológica y socialmente, más conservadores.

Pero, además de la falta de acuerdo, esta propuesta ha encontrado recientemente un nuevo y gran escollo: su coste. Según un informe hecho público por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, un órgano técnico), la reforma comprensiva del Senado costaría 126.000 millones de dólares en la próxima década.

Es el coste de pagar prestaciones sociales a millones de nuevos trabajadores legales y reforzar la vigilancia en la frontera. Una factura que choca con la necesidad de recortes presupuestarios para limar el déficit, por lo que los enemigos de la ley del Senado han cargado con el argumento económico.

El mensaje da para más debate, y no sólo porque los inmigrantes ilegales pagan impuestos (en su intento por tener cuantos más papeles en regla para optar a la regularización), sino porque buena parte de la suma incluye el coste de protección de fronteras y medidas de seguridad que se contemplan en la propuesta de los Representantes. Pero, de nuevo, en Washington prefieren no entrar en profundidades, máxime cuando, por el número de registros (obligatorios para votar), no parece que vaya a haber una reacción hispana en las urnas.

Sin embargo, esta constante asignatura pendiente (la última reforma se hizo en 1986 por Ronald Reagan) ha abierto la caja de Pandora y está creando problemas reales a ciudades, estados y empresarios.

Las pasiones levantadas por la controversia se han trasladado a la calle y en algunas ciudades se han detectado contramanifestaciones cuando los hispanos han abogado por la regulación a través de marchas. Además, algunos Gobiernos locales y estatales están elevando sus quejas por tener que proveer de servicios (educación y sanidad) a los indocumentados a falta de un programa federal. Ha habido más de 500 iniciativas legislativas en un buen número de estados y ciudades para prohibir ayudas a los indocumentados, retirarles el carné de conducir, limitar su acceso al préstamo o impedir que se les alquile una vivienda o se les dé trabajo.

Sólo hay un acuerdo en cuanto a esta cuestión: EE UU, un país que cada año recibe un millón de inmigrantes ilegales, necesita reformar una ley que hace tiempo ha sido vencida por la realidad social. El hecho es que es un tema que sigue constantemente pendiente.

Los empresarios empiezan a denunciarse

Las empresas no son ajenas a los problemas causados por la reforma de la inmigración y la paciencia de muchos se está poniendo a prueba. Aunque la mayoría de los empresarios está de acuerdo con la reforma planteada en el Senado y la entrada controlada de inmigrantes, se empiezan a plantear conflictos por la contratación de mano de obra ilegal.Algunas compañías han sido demandadas por sus competidores, acusadas de contratar a indocumentados para tener una ventaja competitiva de costes laborales. Muchos empresarios, sobre todo en la agricultura californiana, se quejan de que su opción, a falta de mano de obra de inmigrantes ilegales, es el cierre.