COLUMNA

Esfuerzo legislativo

Hemos leído este verano que durante el primer semestre de 2006 el Congreso de los Diputados ha batido un récord en número de leyes aprobadas (31), y hay además otros 24 proyectos en trámite.

Nuestros diputados y diputadas han sudado la camiseta, lo que resulta encomiable. Otra cuestión es si tanto esfuerzo legislativo conduce siempre a una mejora sustancial de las reglas de juego que gobiernan las relaciones entre los ciudadanos de este país. En España se legisla mucho desde hace ya algunos años. Pero mi impresión es que estamos muy lejos de seguir el célebre consejo que Don Quijote daba a Sancho Panza tras ser nombrado éste gobernador de la Ínsula Barataria. Aquí se hacen 'muchas pragmáticas', no siempre buenas por falta de estudio y debate y, sobre todo, muchas de ellas no se cumplen.

Hay tres críticas fundamentales al proceso legislativo en España. La primera es la creencia bastante generalizada de que cualquier problema tiene una respuesta legislativa que lo resolverá o aliviará. Cuando la cuestión es que, en muchas ocasiones, la raíz del problema se encuentra en el incumplimiento de legislación ya existente, mejorable en algunos casos, pero cuyo incumplimiento no se debe a sus defectos sino a una cierta tolerancia de la sociedad (y de los políticos) con ese incumplimiento.

Al defraudador de impuestos se le ve más como una persona hábil que como un infractor que tima a los demás

La segunda es el escaso debate previo al acto legislativo. El escaso recurso a las comisiones de expertos independientes y las limitaciones, en algunos casos, y ataques torticeros, en otros, que han sufrido las escasas comisiones que se han montado es una manifestación de esa pobreza. La consecuencia es la promulgación de normas (leyes u otras de rango inferior) que han consumido tiempo y esfuerzo y que apenas mejoran el marco regulatorio existente.

La tercera, por último, es el grado relativamente bajo de cumplimiento de normas que hay en nuestro país, que hace aún más estéril el esfuerzo legislativo. Hay muchas comparaciones internacionales sobre cumplimiento de normas que sitúan a España en una posición muy desfavorable dentro de los países de la OCDE.

Recientemente se ha hecho público un estudio muy curioso. Trata de medir el número de multas de aparcamiento que reciben los diplomáticos de todo el mundo en la ciudad de Nueva York. Hasta finales de 2002 los diplomáticos no tenían la obligación de pagar las multas, por lo que el cumplimiento o incumplimiento de las normas de aparcamiento se explicaría fundamentalmente por los valores sociales de los países de origen. Los autores encuentran que el número de multas por diplomático de un determinado país está altamente correlacionado con la posición de ese país en los indicadores internacionales de cumplimiento de normas y de control de la corrupción. Pues bien, España está en el puesto 52 (de entre 146) de los países con más infracciones de sus diplomáticos y el tercero si nos limitamos a los 29 (30 menos Estados Unidos) de la OCDE. Dieciséis países de la OCDE no tuvieron ninguna multa de aparcamiento en cinco años. España tuvo 12,7 multas por diplomático en esos cinco años.

Se nos anuncia que próximamente se desarrollará nueva legislación para combatir la corrupción urbanística y el fraude fiscal. Es obvio que se trata de dos problemas muy serios que afectan negativamente a la actividad económica y al bienestar de los ciudadanos. Es posible que el marco regulatorio y sancionador necesite algún retoque, pero lo fundamental es la existencia de una reducida censura social a esas actividades irregulares.

Es bien evidente que el defraudador de impuestos no está socialmente mal visto. Se le ve más como una persona hábil que como un infractor que está timando al resto de los contribuyentes. A ello tampoco ayudan algunas insólitas declaraciones que sitúan los incumplimientos fiscales en la órbita de las conductas privadas y, por tanto, no incompatibles con ostentar un cargo público.

Está muy bien que se cree dentro de la Guardia Civil una sección especializada para combatir la corrupción urbanística. Pero en esas irregularidades hay casi siempre implicado un cargo público perteneciente a un partido político y sería fundamental que, junto a la acción policial, los partidos se mostraran inflexibles con los militantes propios que cometen o amparan esas irregularidades. Y no ha sido así. En el mejor de los casos se denuncia a los del partido contrario, pero esto tiene menos eficacia y no produce el necesario efecto ejemplarizante. Esta actitud de los partidos y la especialización policial serían mucho más necesarias y eficaces que nuevos desarrollos legislativos. Romper el estado de impunidad es el primer paso necesario para reducir estas irregularidades.