El fiscal pide cárcel para Botín por los incentivos de Banesto
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para el presidente del Santander, Emilio Botín, por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública. Los cargos, que se solicitan también para otros ocho altos cargos del grupo, están vinculados con un plan de incentivos para directivos de Banesto en los años noventa.
La fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 3 de Santander, que el pasado 13 de julio dictó la apertura de juicio oral sobre el caso de los incentivos concedidos a 13 ejecutivos encargados de dirigir Banesto en 1994, año en que el Santander adquirió esta entidad tras su intervención por el Banco de España.
Anticorrupción ha pedido también que se imponga a cada uno de los imputados una multa de 40 millones de euros, así como el pago de una indemnización conjunta por responsabilidad civil de 13,33 millones más los intereses de demora. En la causa abierta están imputados el presidente del Santander, Emilio Botín, y los miembros de la comisión ejecutiva del banco en aquellas fechas: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades, Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espi. Para todos ellos, Anticorrupción pide hasta seis años de cárcel por la comisión de cuatro delitos de apropiación indebida y uno contra la Hacienda pública.
El fiscal entiende que en este caso se da la circunstancia agravante de la 'especial transcendencia y gravedad de la defraudación', aunque reconoce el atenuante por haber reparado el daño.
Alternativamente, la Fiscalía ofrece la posibilidad de que esa actuación sea constitutiva de un delito de apropiación indebida y cuatro delitos fiscales, lo que rebajaría la condena a cinco años de prisión, así como la cuantía de las multas.
En los noventa, el Santander aprobó retribuir a los directivos que sanearon Banesto con 6,13 millones de títulos de la entidad, un 1% de su capital, y se reservó el derecho de recompra por una década. En 1998, lo ejercitó y adquirió el 80% de las acciones, para un año después hacerse con otro 10%. En 2000, compró el porcentaje restante.
La acusación sostiene que Santander debería haber aplicado la retención fiscal correspondiente a 1994, cuando se hizo entrega de las acciones. Cada título contaba con un valor nominal 2,4 euros y un valor de mercado de 5,1 euros. Sin embargo, el banco declaró la operación al efectuar la recompra de los títulos, entre 1998 y 2000.
El banco defiende que 'el pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación'.