Exigencia

Gallardón reclama más dinero de la Operación Chamartín

El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado a Duch, gestora de la Operación Chamartín, y a los antiguos propietarios de suelo, que no tramitará este nuevo desarrollo urbanístico mientras no se garantice que el 50% de las plusvalías que está previsto que genere, cifradas en 8.500 millones, sean destinadas a pagar las infraestructuras del nuevo barrio.

El acuerdo suscrito entre el Ministerio de Fomento y Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch) en julio puede que finalmente no sea suficiente para desbloquear un proyecto con 13 años de historia.

El próximo lunes 11 de septiembre se reúne el consejo rector del consorcio de la operación y en dicho encuentro el Ayuntamiento de Madrid planteará a los representantes de Duch, Fomento y el Gobierno regional que no permitirá que 'los únicos beneficiarios de este proyecto sean los propietarios del suelo', aseguró ayer a este periódico Pilar Martínez, concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

En este sentido, la edil madrileña recordó que el Consistorio exigirá que se mantengan los mismos criterios que hicieron posible el acuerdo en la otra gran operación urbanística que se desarrollará en la capital, la remodelación de los terrenos de los antiguos cuarteles de Campamento.

Los antiguos propietarios de suelo ofrecen sus solares al ayuntamiento

'No creemos que sea justo que paguen los nuevos equipamientos de Chamartín todos los ciudadanos de la capital con sus impuestos, cuando en Campamento se decidió que se hiciera con cargo al 50% de las plusvalías que generaba la venta de suelo. Así, la concejal, que no quiso cuantificar en concreto la cifra que reclama, anunció que se van a llevar a cabo valoraciones objetivas sobre las plusvalías que obtendrá cada uno de los propietarios del suelo afectado, 'desde el particular que sólo tenga 100 metros cuadrados, pasando por el Adif, que es el principal tenedor, o la Empresa Municipal de la Vivienda, que cuenta con más de 150.000 metros cuadrados'.

Pilar Martínez no quiso adelantar si el Consistorio se ha dado un plazo tope para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento y Duch, ya que la Comunidad de Madrid apoya los planteamientos del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón. Otras fuentes, sin embargo, hablan que el Ayuntamiento persigue dejar zanjado el conflicto este mes.

Por su parte, la Asociación de Reversionistas, aquellos primeros propietarios de los terrenos que fueron expropiados por Renfe en los años cuarenta y cincuenta para construir las vías, continúa reclamando a Duch y las administraciones que les sean reconocidos sus derechos de propiedad sobre 800.000 metros cuadrados de los 3,5 millones de metros edificables de que consta la operación.

En la reunión que mantuvo esta organización con la edil de Urbanismo el pasado martes los reversionistas recordaron a la responsable municipal que la clave de esta operación está en la desafectación del uso del suelo. 'Sólo insistimos en que si el suelo es público todavía no se pueden hacer casas sobre él y que si lo que quieren es edificar, deben cambiar su calificación y, por ende, reconocernos como propietarios', explica César Sánchez, portavoz de los reversionistas.

Los reversionistas acusan a Duch de 'haberles ninguneado' hasta el punto de tratar de convencer al resto de las partes de su inexistencia. Por este motivo, reclaman poder acudir a las reuniones del consejo rector del consorcio y exponer allí sus reivindicaciones.

'Como prueba de que nosotros somos los primeros interesados en que la operación salga adelante, hemos ofrecido al Ayuntamiento que nos compren nuestros derechos sobre el suelo por 500 millones, que es el precio que ya han fijado los tribunales en otros casos similares que debe tener el terreno en este tipo de operación', puntualizó Sánchez.

Los últimos contactos anticipan el principio del fin

A simple vista podría parecer que los últimos movimientos que se están produciendo en torno a la mayor operación urbanística de Europa hacen pensar que definitivamente no se desarrollará, ya que las posturas están muy encontradas.

Sin embargo, fuentes conocedoras del proyecto insisten en que no sólo sí se va a llevar a cabo, sino que la proximidad de los comicios locales y autonómicos, previstos para mayo de 2007, va a precipitar su desbloqueo definitivo.

La Asociación de Reversionistas de la Operación Chamartín espera para el próximo otoño la primera de las sentencias que hay pendientes sobre este proyecto que, de ser favorable a los intereses de estos propietarios de suelo, podría precipitar un acuerdo sobre la propiedad de 800.000 metros cuadrados con la gestora Duch, que controla el BBVA con un 72,5% del capital y la constructora San José, con el 27,5% restante.

Pero es que además de ese conflicto con los reversionistas está el interés meramente económico de no pocas empresas constructoras e inmobiliarias españolas por participar en un pastel de 8.500 millones de euros en plusvalías.

Empresas como Metrovacesa, Sacyr Vallehermoso, Reyal, Sacresa, Fadesa, ACS y Realia han tanteado en los últimos años al BBVA y a los propios reversionistas para adquirir parte del suelo sobre el que está previsto construir más de 16.000 viviendas, además de oficinas e infraestructuras de transporte y comunicación.

Incluso los reversionistas han estudiado la posibilidad de crear una empresa con el principal activo de ser titular de una parte de los terrenos y proceder a su urbanización una vez se consiga el pacto político.

Y por último, el Ministerio de Fomento, impulsor en 1993 del proyecto, es otro de los grandes interesados en que salga adelante para poder consumar la remodelación de la nueva estación de Chamartín que a partir del próximo ejercicio empezará a recibir los AVE del corredor del noroeste.