La responsabilidad de la empresa y la del Congreso
La empresa es perfectible, como cualquier institución humana, y debe mejorar en todos los ámbitos. En términos comparativos, es más responsable que las Administraciones públicas, las confesiones religiosas y cualquier otra organización. Lo es porque lo impone la ley, se lo exige el mercado y porque las personas que la configuran quieren una vida sin sobresaltos. Además de estos imperativos de supervivencia, algunas organizaciones han asumido voluntariamente la función de presionar a las empresas para que vayan más allá de las exigencias legales y asuman más responsabilidades (incluso en otros países y frente a los proveedores) y tareas, englobadas en una amplia acción social.
El Congreso de los Diputados creó una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de la empresa (RSE) y, tras dos años de trabajo, ha presentado un informe de 329 páginas. La mayor parte de éste se refiere a las exposiciones de los comparecientes en sus sesiones y acaba con unas conclusiones. Es un paso interesante, pero comienza con el pie izquierdo y se adentra en un cenagal de difícil salida. En primer lugar, las comparecencias están sesgadas. Como asociación empresarial sólo aparece la CEOE frente a 10 entidades 'representantes de la sociedad civil relacionados con la responsabilidad social de las empresas' o 12 que lo son de 'fundaciones y organismos semejantes'. En el apartado de 'empresas y organismos singulares' sólo hay siete comparecientes. El compareciente típico ha asumido la RSE o la propugna para otros.
Las conclusiones se inician con el postulado previo de que 'en esta materia es necesaria y posible la iniciativa de la política' y que ésta debe garantizar reglas de juego claras y transparentes para 'promover un marco y un clima que hagan posible para las pequeñas y medianas empresas que lo deseen y estén en condiciones de hacerlo, incorporar la RSE en su modelo de gestión'. Al parecer, esto debe ser imposible ahora y las que lo hacen deben haberlo conseguido por ignorancia de esa imposibilidad.
El mercado da cuenta de las empresas que no cumplen con sus obligaciones y premia a las que le sirven, pero para la subcomisión habría que informar de las acciones para que la sociedad tenga la posibilidad de recompensar a las responsables o castigar a las que no lo son. En esa línea la subcomisión recomienda, en primer lugar, 'fomentar medidas de autorregulación empresarial sectorial impulsadas por las asociaciones responsables sectoriales', ya que 'creemos que el desarrollo de la RSE requiere cada vez más un enfoque sectorial'. Es extraño que con esa creencia no hubiera ni una sola asociación empresarial sectorial entre los muchos comparecientes.
Lo que más se refuerza son los grupos de interés (una noción imprecisa y más bien autoproclamada) que deberían dar 'seguimiento al cumplimiento por parte de las empresas de sus compromisos'. Se establece qué hacer para 'garantizar un marco de confianza con los grupos de interés'. Una conclusión pide 'ayudar a las organizaciones no gubernamentales a que desarrollen políticas de fomento y expansión de la RSE' pues son 'un agente fundamental en la exigencia de RS a las empresas. En algunas ocasiones su contribución es investigadora y de propuestas. En otras es la denuncia y control de las actividades empresariales'. Parece como si más de 100.000 páginas al año de boletines oficiales, la inspección laboral, la de medio ambiente, la de Hacienda, prevención de riesgos, protección de datos, información al Registro Mercantil, etcétera, fuera insuficiente y los inquisidores voluntarios tuvieran que jugar un papel crucial.
Para ello se les debe ayudar a desarrollar 'políticas de fomento y expansión de la RSE' así como 'respaldar las iniciativas promovidas por la sociedad civil para el fortalecimiento de la RSE', para lo que 'es fundamental que existan recursos públicos, complementarios a los privados'. Se decía que los niños, al nacer, vienen con un pan bajo el brazo. Ahora, las peticiones de regulación vienen con su organismo adherido, sea agencia o instituto. Aquí también lo habrá.
En muchos aspectos la subcomisión está fuera de la realidad pues recomienda, como si se partiera de cero, cosas que la ley exige, como 'la colaboración de las empresas en la inserción laboral de la discapacidad'. Pide deducciones en el impuesto de sociedades para contratación de discapacitados, cuando ya las hay en las cotizaciones a la Seguridad Social y sería más sencillo incrementarlas. Las omisiones evidencian la desconexión con la realidad pues la última comunicación de la Comisión Europea de 2006, anterior a la elaboración de conclusiones, ni se menciona ni, aún peor, se tiene en cuenta. Lo expuesto no quita importancia a la RSE, que la tiene, y mucha. Lo hecho debiera verse, especialmente por la subcomisión, como un paso inicial, que no agota el estudio. Las conclusiones serán mejores si se fundamentan adecuadamente.