Las cuentas de la inmigración
La Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística discrepan abiertamente sobre el último censo de población elaborado por esta última institución sobre el año 2005. El INE ha eliminado a 180.000 extranjeros del cómputo de habitantes de la región porque no renovaron la inscripción en el censo, tal y como marca la ley tras una modificación realizada en su momento por el Gobierno del PP. La consecuencia de este cambio normativo es que, al no haber realizado el trámite muchos inmigrantes, la población censada en Madrid ha bajado ligeramente, mientras la global de España crece con fuerza en ese ejercicio. Se trata, por tanto, de un dato estadístico que no se compadece totalmente con la realidad y que ha provocado la reacción airada de la comunidad. Además, a este dato se suma el éxodo migratorio que sufre Madrid. Entre 2003 y 2005 un total de 91.000 personas ya empadronadas han optado por asentarse en otras comunidades españolas.
En el fondo de esta polémica se dirime en buena medida la financiación de la región en los próximos años, en la que previsiblemente los factores demográficos tengan más peso. También, por tanto, la dotación de equipamiento y recursos humanos para atender las necesidades sociales de la población real de Madrid. Al mismo tiempo, el hecho de tener oficialmente mayor o menor población crea un estado de opinión que influye en las decisiones del Gobierno central, sea éste del color que sea, a la hora de repartir fondos, fijar prioridades de inversión o priorizar localizaciones de determinadas infraestructuras.
Para que el problema no pase a mayores, el INE negocia con los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid cómo incluir a estos casi 200.000 extranjeros en las cifras definitivas de 2006, que se cerrarán a final de año. Lo deseable sería que ambas partes llegaran con rapidez a un acuerdo. La gestión eficaz de los recursos públicos requiere conocer con la mayor exactitud la ubicación de la población para satisfacer mejor sus necesidades.