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Advertencia

Bolivia apremia a las petroleras para el pago del nuevo impuesto

El Gobierno de La Paz advirtió ayer a las tres petroleras extranjeras que operan en Bolivia -la hispano argentina Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total- que no podrán operar si no pagan el tributo adicional del 32 % anunciado el pasado 25 de agosto.

Bolivia recuerda a las multinacionales que su obligación de aceptar la 'participación adicional' del 32% está establecida en el decreto de nacionalización del pasado 1 de Mayo'. El Gobierno de Evo Morales quiere destinar esos recursos a impulsar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

El artículo tres del decreto de nacionalización establece, en efecto, que sólo podrán seguir operando en el país andino 'las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones hasta que en un plazo no mayor a 180 días se regularice su actividad mediante contratos' y que 'al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país'.

Hoy vence la primera cuota de ese tributo, correspondiente al mes de mayo. Fuentes de Repsol en Madrid aseguraron que no les 'consta' haber recibido una notificación oficial 'hasta el momento', informa Europa Press.

Sin embargo, las autoridades de La Paz insisten en que las tres empresas recibieron notificación oficial el pasado 25 de agosto, cuando el Ministerio de Hidrocarburos anunció el calendario concreto para pagar las cuotas de mayo a septiembre. 'Mañana acaba el plazo para abonar la primera cuota correspondiente a mayo. Se comunicó a las empresas el mismo día que salió la resolución. El Ministerio lo notificó por fax y entiendo que YPFB también hizo lo propio', indicó a Europa Press una fuente oficial boliviana, que incluso asegura que YPFB mandó a las oficinas de Andina, Petrobras y Total el número de cuenta para hacer los depósitos.

El cobro de la 'participación adicional' será el primer resultado económico directo obtenido por el Estado boliviano de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos decretada por Morales como una de las medidas clave para impulsar el crecimiento económico del país más pobre de Sudamérica.

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