¿Quién ha nombrado a Joan Clos?
El miércoles se anunció el próximo nombramiento del hasta ahora alcalde de Barcelona, Joan Clos, como ministro de Industria, Comercio y Turismo para relevar a José Montilla. El saliente estaba ya preconizado candidato del Partido Socialista (PSC) a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas catalanas convocadas por Pasqual Maragall para el 1 de noviembre. La noticia de la salida de Montilla con el agravante de agosticidad era un gol cantado pero implica otro movimiento y deja ver alguna resistencia.
El movimiento inducido es el de la alcaldía de Barcelona, donde los socialistas ensayarán la puesta a punto de otro candidato. La resistencia visible es la de que se cumpla el pronóstico esperado del lanzamiento del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como cabeza de lista en las autonómicas de Canarias. Pero además conviene atender a las maneras inusuales que se han seguido en el caso que nos ocupa, merecedoras de análisis para el mejor esclarecimiento.
Estaba claro que Maragall se había venido buscando al menos desde el 2003 su desgracia política ante Zapatero y que esa búsqueda la había sostenido con grande anhelo sin perdonar detalle, incluso antes de que el PSOE ganara las elecciones. En esa línea se ha mantenido después al determinar la fecha para ir a las urnas, así como en su último discurso para solemnizar la entrada en vigor del nuevo Estatut.
Conviene atender a las maneras inusuales que se han seguido en el caso que nos ocupa, merecedoras de análisis para su mejor esclarecimiento
Esa fue la ocasión elegida por Maragall para volcar de nuevo su amabilidad, declarar residual al Estado y añadir otras lindezas semejantes, de esas que el PP queda en magnífica disposición de convertir en proyectiles de alto poder destructivo.
Supimos cuando el PSC endosó la candidatura de Montilla, que quedaba declarada una inminente vacante en el Gobierno. Se calculaba que a ese cambio se sumaría otro para dar cumplimiento al propósito tantas veces reiterado de Zapatero de descolgar al titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a quien se quiere encomendar el encabezamiento de la candidatura socialista para las elecciones autonómicas de Canarias a celebrar en mayo.
Algunos soñadores se decían convencidos de que el presidente utilizaría la ocasión así brindada para abrir una remodelación ministerial más amplia, limpiar fondos y soltar lastre justo cuando acaba de pasar el ecuador de la legislatura. Los zapaterólogos presentan estas sustituciones uno a uno, primero de José Bono y María José San Segundo, ahora la de José Montilla y en las vacaciones parlamentarias del próximo enero de López Aguilar, como una característica propia de un determinado modo de gobernar.
Otros entendían que la renuncia a una remodelación más amplia del Gabinete confirmaba de modo implícito la decisión de adelantar las elecciones generales para hacerlas coincidir con las municipales señaladas en mayo.
En cuanto a la elección de los relevos, los mismos que señalaron los aciertos cumplidos por Zapatero con José Antonio Alonso en Defensa, Mercedes Cabrera en Educación o Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior indican que la llegada de Joan Clos parece el premio a un descarte que se consideraba necesario en la alcaldía de Barcelona y un compromiso con el PSC de Montilla más que el resultado de una búsqueda de idoneidad.
Además el título IV de la Constitución -Del Gobierno y la Administración- empieza detallando el procedimiento para la designación del presidente del Gobierno y a continuación, el artículo 100, pasa a señalar que 'los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente'. Es decir, que el nombramiento y separación de los ministros es una competencia exclusiva del presidente, de cuyo ejercicio personal se han mostrado siempre en extremo celosos todos los predecesores de José Luis Rodríguez Zapatero a partir de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna.
Y en contraste, lo que ha sonado por todas partes han sido esas declaraciones estruendosas de Montilla, según las cuales había consensuado con Zapatero la fecha del cambio y el nombre de su sustituto.