La estrategia de la presión
La tensión entre Repsol YPF y el Gobierno boliviano ha subido varios enteros desde el viernes. Ese día, la fiscalía boliviana decretó un nuevo allanamiento de las oficinas de Andina, la filial de Repsol, y la detención de un directivo por un supuesto pacto de venta de gas a Petrobras, en 2002, a un precio que, según la acusación, habría causado un perjuicio económico al erario boliviano. Repsol rechaza la acusación y asegura que el acuerdo se formalizó con todos los requisitos legales y no causó quebranto alguno al Estado de Bolivia. El hecho de que el directivo detenido, al que se ha suavizado la detención por un arresto domiciliario, no trabajase aún en Andina cuando se negoció el contrato, da idea de cómo se están haciendo las cosas en Bolivia.
Este nuevo enredo -del que el Repsol ha salido indemne en Bolsa- se produjo poco antes del comienzo, el lunes, de las negociaciones para adaptar los contratos de las petroleras a la nueva situación, tras el decreto de mayo para nacionalizar los hidrocarburos. La coincidencia hace difícil eludir la idea de que es una forma de presión negociadora. Si así fuera, Evo Morales y su Gobierno están siguiendo una estrategia equivocada.
Repsol ha subido el tono y, en un inusual comunicado por su dureza, ha denunciado la 'injustificada y reiterada persecución judicial' que sufre en Bolivia, con medidas impropias de un Estado de derecho. A la advertencia de que acudirá a los tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos -que son, no se olvide, los de sus accionistas- respondió ayer el Gobierno boliviano con otra vuelta de tuerca: amenazó con demandar a la petrolera por 'saqueo'. Todo un giro después de que el Ejecutivo de Morales diera, según el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 'su compromiso político para buscar una solución a través del diálogo'.
La diplomacia tiene métodos para ejercer un apoyo más fiable y eficaz a las empresas españolas. Morales, por su parte, donde debe poner el empeño es en crear un marco de seguridad jurídica que hoy no existe.