El PSOE niega que se penalice a las regiones regidas por el PP en el desvío de inmigrantes
El diputado socialista Antonio Hernando aseguró ayer que el Gobierno mantiene 'permanente coordinación' con las comunidades autónomas a las que traslada inmigrantes desde Canarias y recordó que durante los Ejecutivos del PP no había ni financiación ni comunicación con las regiones ni con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Hernando respondió así a las palabras del secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, quien también ayer había exigido la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, para que informen sobre la llegada masiva de inmigrantes a España. Cañete aseguró que las comunidades autónomas del PP reciben el 85% de los inmigrantes que se trasladan desde Canarias y que a algunas no se les notifica la llegada, y acusó al Gobierno de ser 'insolidario' y 'lavarse las manos' en este tema.
Según Hernando, sólo el 50% de los subsaharianos que se trasladan se envían a comunidades gobernadas por el PP, y para hacer efectivos estos desplazamientos se cumplen los dos 'ejes' establecidos en el plan de traslados: la comunicación a las autonomías y la financiación de la acogida tanto a los gobiernos autonómicos, como a las ONG que colaboran con los mismos. 'En la práctica totalidad de los casos se comunican esos traslados; se han producido algunos pequeños fallos en la coordinación, y así lo ha reconocido el Gobierno', dijo, antes de insistir en que el Ejecutivo está 'respondiendo con hechos' ante esta crisis.
El diputado socialista recordó que el modelo de traslados se acordó en el Congreso en 2005 y que en el Consejo de Política Migratoria 'el tema se ha tratado en varias ocasiones y todas las autonomías, tanto del PP como del PSOE, se solidarizaron siempre con Canarias, y ven razonable que los inmigrantes sean trasladados a la península'. En este sentido, reclamó la solidaridad de todas las autonomías con Canarias y destacó que al Estado le corresponde 'dirigir y financiar la política de traslados'.
Pidió que Bruselas asuma la 'canalización y control' de los flujos migratorios que llegan a territorio comunitario.