El Gobierno mejora el control sobre las subvenciones
El Gobierno constituirá en breve una 'junta consultiva de subvenciones' para 'garantizar la gestión y aplicación' correcta de las ayudas públicas que se concedan, una cantidad que supera los 50.000 millones euros en los últimos años.
La creación de este órgano, que estará adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, es una de las principales novedades del Reglamento de Subvenciones, que acaba de elaborar el Ejecutivo. Este desarrollará la ley que con el mismo nombre, fue aprobada hace tres años por el último Gobierno del PP y, sin embargo, no ha sido desarrollada hasta la actualidad.
Aunque la citada 'junta' no tendrá carácter ejecutivo (al igual que pasa con otros organismos como la Comisión Nacional de la Energía) su relevancia será grande ya que actuará como órgano emisor de informes para el Gobierno que complemente la actividad de control que ejerce ahora la Intervención General del Estado (Igae).
La Igae seguirá ejerciendo esta labor de control contable pero será la junta la encargada de emitir informes sobre las normas reguladoras de las subvenciones que se vayan concediendo, sobre alcance y contenido de las convocatorias, e incluso 'podrá elaborar y proponer medidas' para garantizar la aplicación de las ayudas públicas. Con ello, el vicepresidente Solbes se dota de un órgano complementario a la Igae para supervisar mejor la concesión y utilización de fondos públicos. En muchas ocasiones funcionará como 'junta de contratación' para resolver dudas, otorgando mayor transparencia a la concesión de fondos, a través de un 'cuerpo de doctrina estable derivado de un órgano especializado'. Aunque, en principio, esta junta se refiere a la Administración central, tiene una vocación integradora con los gobiernos autonómicos y locales. Así, contempla que estos informes puedan ser solicitados también por alcaldes, consejeros regionales y presidentes de asociaciones empresariales.
El reglamento desarrolla también la creación de una 'base de datos nacional' que aglutine todas las subvenciones públicas que se conceden en el país, incluidas las que proceden de la UE, objeto de escándalos en años anteriores (como el de las ayudas al cultivo del lino). Estarán obligadas a suministrar información periódica (trimestral) a esta base de datos las comunidades, los municipios y las fundaciones públicas.
El fin es controlar quién solicita dinero público, sus razones, los pagos realizados, la fecha de los mismos, la justificación efectuada por el beneficiario y en su caso, información sobre la devoluciones producidas.
Esta base de datos quedará bajo custodia de la Igae, que será la encargada de autorizar los accesos a la misma del personal de la administración. Las sanciones por percibir subvenciones sin cumplir los requisitos pueden ser altas. La ley recoge multas de hasta el triple de la ayuda concedida y la prohibición de gozar de otra subvención o celebrar contrato con la Administración durante cinco años, en caso de infracciones muy graves.
Por otro lado, el reglamento suaviza los requisitos para hacer menos engorroso el acceso a las subvenciones, 'sin perder el rigor en el control'. De esta forma se elimina la obligación de aportar certificados fiscales para ayudas y becas de escasa cuantía (inferior a 3.000 euros), siendo necesario sólo una 'declaración responsable' del interesado de que cumple con sus obligaciones.
La financiación de partidos, bajo la lupa
La mayor flexibilidad para cumplimentar los trámites en el acceso a cualquier subvención se combina en el reglamento con un mayor control de ciertas actividades consideradas potencialmente de riesgo. Así, la disposición adicional décima del reglamento fija que las subvenciones estatales anuales previstas en la ley de financiación de partidos políticos requerirán de autorización del Consejo de Ministros si superan los 12 millones de euros.Además, no podrá realizarse el pago de la subvención 'en tanto el beneficiario' (el partido) no acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. El Ministerio del Interior publicará trimestralmente en el BOE las cantidades concedidas en cada periodo a las formaciones políticas, 'con expresión del programa y crédito presupuestario al que se impute, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención'.Por otro lado, se prohíben las subvenciones a personas o empresas con residencia en territorios identificados reglamentariamente como paraísos fiscales.
Límite general a la subcontratación
Otra de las novedades de la ley de subvenciones de 2003 es la regulación, con carácter general y por primera vez, de la subcontratación en cualquier tipo de subvenciones, con el ánimo de prohibirla si aumenta el coste de ejecución sin que aporte un valor añadido, tal y como establece la Unión Europea. El desarrollo de este precepto no se ha producido, sin embargo, hasta ahora.El reglamento que acaba de elaborar el Ejecutivo recalca que las bases reguladoras de cada subvención son las que tienen prioridad a la hora de fijar un límite cuantitativo a la subcontratación. Sin embargo, en caso de que estas bases no fijasen ningún límite, la administración central lo hará por su cuenta. Concretamente, en ese caso el beneficiario de una ayuda 'no podrá subcontratar más del 50% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos'.Este límite es importante a tener en cuenta por aquellas empresas que reciban ayudas públicas y que se encuentren en sectores donde la subcontratación es frecuente.