Industria quiere evitar que el 'pool' se colapse por Iberdrola
El Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta de resolución, que ha remitido a la Comisión de la Energía para su informe, con la que pretende impedir que el sistema eléctrico se colapse en el caso de que las competidoras de Iberdrola sigan sus pasos en el mercado mayorista (pool), en el que esta compañía ha provocado una crisis. La solución técnica que Industria propone 'es el de permitir la ampliación del ámbito temporal de aplicación del mecanismo de desvíos' en el mercado diario e intradiario que gestiona REE.
En la memoria de su propuesta, Industria subraya que 'la actuación de esta empresa distribuidora influye de manera importante en la seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico', pues el operador se ve obligado a hacer programaciones casi en tiempo real (con sólo tres horas de antelación).
La propuesta, la primera concreta que hace el Gobierno para hacer frente a la situación provocada por Iberdrola, se llevará al consejo de la CNE del jueves de la próxima semana. Según fuentes cercanas al regulador, éste ha recibido multitud de alegaciones a la resolución, algunas de ellas muy críticas, pues consideran que la resolución del Gobierno es una manera de reconocer que el comportamiento de Iberdrola es válido.
Desde el pasado 8 de junio, la distribuidora de Iberdrola presenta ofertas de compra para toda su demanda a un precio igual a 33,7 euros MWh, lo que supone que sólo una pequeña parte de su oferta (entre el 0% y el 8%) está siendo casada en el mercado diario. Esta decisión, con la que la empresa que preside Ignacio Galán intenta presionar a Industria para que ponga fin al precio intervenido que impuso por decreto en marzo, obliga a REE a la utilización intensiva de la gestión de desvíos generación-consumo. La propuesta del ministerio es que el operador pueda utilizar estos mecanismos especiales 'en todos los periodos de programación'.
Incitar a las demás
En el sector eléctrico consideran que, con su resolución sobre el pool, el Gobierno daría carta blanca a Iberdrola e 'incitaría' al resto de los agentes a incurrir en el mismo comportamiento, anulando el mercado y poniendo en riesgo el suministro de energía.