El conflicto en Hacienda
El conflicto que enfrenta a los técnicos de Hacienda con el ministerio alcanzará un nuevo grado de tensión con la huelga convocada para el jueves. El autor expresa la posición defendida por este colectivo, que pasa por el reconocimiento de las funciones superiores que, en su opinión, efectivamente desempeñan
El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria representarán, en los próximos años, un papel decisivo en la descentralización administrativa que, tras las reformas estatutarias, culminará presumiblemente con una Agencia Tributaria consorciada única en cada comunidad autónoma.
En un modelo de gestión fiscal compartida por la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas, al que se podrían incorporar las entidades locales que lo decidieran, cada Administración conservaría la potestad normativa sobre sus tributos y su recaudación (espacios fiscales delimitados), sin perjuicio de la solidaridad interterritorial.
Ello supondría la implantación de oficinas únicas de atención al ciudadano y la fusión de todas las bases de datos de los contribuyentes, permitiendo que la información pudiera ser compartida y utilizada por las tres Administraciones. Se mejoraría la escasa coordinación entre la Agencia, las comunidades autónomas y las entidades locales, sus resultados serían más transparentes, aumentaría la eficacia en la lucha contra el fraude y se obtendrían economías de escala en los costes de gestión del sistema tributario.
Para alcanzar estos objetivos, se precisa que las Administraciones implicadas lleguen a acuerdos de colaboración, que asuman un pacto beligerante contra el fraude fiscal -estimado en el 23% del PIB-, y que motiven a sus técnicos reconociendo sus capacidades, actualmente infravaloradas en la Agencia y en el Ministerio de Hacienda.
Desde que en 1976 el Gobierno de Adolfo Suárez creara el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública -antecedente de los actuales cuerpos técnicos- para aplicar la gran reforma fiscal de la democracia, es fácil verificar que los técnicos de Hacienda deciden el fondo de los procedimientos tributarios, presupuestarios y sancionadores.
Estas decisiones diarias de los técnicos afectan, entre otros, a los derechos fundamentales de propiedad y de presunción de inocencia. Y resulta indudable que estas decisiones son propias de un cuerpo de funcionarios de carácter superior, razón que justifica la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
A esta misma conclusión han llegado los tribunales en 204 sentencias firmes, 149 de ellas del Tribunal Supremo, que han declarado ilegales actos de la Agencia Tributaria o del Ministerio de Hacienda por no describir las funciones esenciales que desarrollan los técnicos.
Igualmente, a esta conclusión llegaron recientemente seis grupos parlamentarios -PP, CiU, ERC, IU-ICV, CC y Grupo Mixto-, así como destacados diputados del PSOE y del PNV-EAJ, quienes se mostraron a favor de la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
Sin embargo, el pasado mes de junio, los máximos responsables del ministerio y de la Agencia, una cifra considerable de inspectores e interventores, incluso excedentes, y sus asociaciones, realizaron presiones, a todos los niveles, para evitar que se aprobara la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda, actuales y anteriores, han alentado la pugna entre técnicos e inspectores e interventores para diluir su responsabilidad por no solucionar un conflicto que se arrastra desde hace décadas, intentando hacer ver que el problema no tiene solución.
La creación del Cuerpo Superior Técnico no perjudica los intereses profesionales de los inspectores e interventores, frente a lo manifestado por sus representantes, pues son cuerpos diferentes que deben contar con una delimitación clara de sus competencias, cosa que ahora no ocurre.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han superado una oposición que contiene más pruebas y temarios más extensos que los de muchos cuerpos superiores, así como un curso selectivo de tres meses, y poseen una formación teórica y práctica en contabilidad superior y auditoría, tal y como reconoce el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que los habilita para el ejercicio de dicha actividad.
Por último, reconocer legalmente que los técnicos toman decisiones diarias de carácter superior, no tiene nada que ver con la Declaración de Bolonia y el futuro Estatuto del Empleado Público, por lo que no cabe demorar la solución que se dé al conjunto de los actuales funcionarios de grupo B, como solución al conflicto que nos ocupa.
Por tanto, hasta la fecha, no hemos asistido a un solo argumento sólido que justifique la actitud hostil contraria a la promoción de los técnicos, por lo que percibimos que ciertas autoridades pueden estar defendiendo intereses corporativos por encima de una mayor eficacia y eficiencia del servicio público.
La aspiración de los técnicos, largamente sentida y reiteradamente manifestada, se ha visto defraudada por la actitud de las autoridades, pasadas y presentes, del ministerio. Ante esto, los técnicos tienen la firme convicción de poner punto y final a una situación injusta que soportan desde hace décadas, como es que se les exija adoptar diariamente decisiones de carácter superior que la ley no reconoce.
La Dirección de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda ha de interiorizar la causa del conflicto y buscar una solución definitiva al mismo por el bien del servicio a los contribuyentes y por alcanzar una Agencia de estructura más moderna y racional que permita la prevención y lucha eficaz contra el fraude.