Los expertos piden más coordinación para luchar contra el delito fiscal

Economistas, asesores fiscales e inspectores de Hacienda consideran adecuado el endurecimiento del Código Penal previsto por el Gobierno para perseguir los grandes delitos económicos, pero insisten en que se necesita más coordinación entre las Administraciones y más medios para mejorar la lucha contra el delito fiscal.

La intención del Ejecutivo de duplicar hasta los diez años el periodo de prescripción del delito fiscal, según estudió el pasado viernes el Consejo de Ministros, es recogida con cierta tibieza por parte de los expertos. Este mayor plazo permitirá más tiempo para las investigaciones que puedan efectuar los inspectores pero no atajará otros problemas que tiene actualmente esta figura legal, a medio camino entre la administración tributaria y la de justicia.

'Entiendo los problemas que pueda tener la administración para la prescripción de expedientes pero hay que solucionar otros asuntos tan importantes como éste: en muchos casos se instruye mal, en otros hay falta de coordinación entre la justicia y la administración fiscal, en otros casos es sencillamente, falta de medios económicos y personales para investigar con eficacia', avisa a Cinco Días Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

El delito fiscal (se considera como tal cuando el fraude tributario supera los 120.000 euros) es, de hecho, una figura en revisión, en la que el propio Gobierno ha nombrado un grupo de expertos para su posible reforma en los próximos meses, dada la dificultad de su aplicación práctica (complejos trámites burocráticos), que hace que pocos investigados vayan al final a la cárcel después del proceso judicial.

En 2005, el número de expedientes abiertos por delito fiscal cayó un 20,3% (hasta 1.018), aunque bien es cierto que la cuota defraudada se elevó un 26% (867 millones de euros) y su importe medio aumentó en un 21,5% (1,13 millones por contribuyente), según los datos que acaba de elaborar la Agencia Tributaria.

Del Amo advirtió también de los problemas de aplicación que pueden derivarse de elevar a diez años la prescripción de delito fiscal mientras se mantiene en cuatro años la prescripción de las deudas tributarias ordinarias (inferiores a 120.000 euros). 'Lo normal es que esos plazos se asemejen lo más posible para no perjudicar o duplicar el procedimiento inspector', matizó.

Otro asunto a tener en cuenta y que debe quedar claro, a su juicio, son los deberes de conservación de documentos por parte de los contribuyentes (el plazo ahora es de cuatro años).

El aumento del periodo de prescripción fue recogido ayer con agrado por parte de José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. 'Es muy positiva esta medida que ya habíamos reclamado desde hace tiempo. A pesar de que puede originar una cierta distorsión con las deudas normales preferimos este nuevo límite para reforzar la persecución de tramas organizadas', indicó Peláez a este diario, quien también se mostró muy satisfecho por los nuevos delitos económicos que se van a tipificar. Entre ellos se encuentra el de 'estafa de inversiones', dirigido a administradores que falseen balances. No obstante, al igual que Del Amo reclamó más medios económicos y personales para hacer posible investigaciones de calado.

Entre otras novedades incluidas en el nuevo Código Penal figura un nuevo delito relacionado con la creación de sociedades falsas (tapaderas), que ayudará a perseguir a los testaferros, según Del Amo.

AEDAF. 'La técnica legislativa no debe prestarse a interpretaciones'

La mayor coordinación entre administraciones para luchar contra el delito fiscal también es clave para la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) al igual que otros conceptos como la aplicación de la nueva legislación.'Nos preocupa que la técnica legislativa sea lo suficientemente buena. El nuevo Código Penal no debe prestarse a interpretaciones como ocurre ahora', dijo a Cinco Días Rubén Candela, presidente del colectivo, quien reclama también más medios para la administración de justicia.Candela considera, en cambio, que es excesivo el nuevo plazo de prescripción previsto para el delito fiscal (diez años). 'Con cinco años es suficiente, alargarlo es excesivo sin que haya garantías de que aumente la eficacia', comenta. Por otro lado, cree muy positivo la tipificación de nuevos del delitos económicos para atajar el 'fraude de nuevo cuño'.

CEOE. Los empresarios analizarán las nuevas penas por acoso laboral

Los técnicos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tienen previsto analizar próximamente en detalle todas las reformas del Código Penal que prepara el Gobierno, ya que muchas de las novedades afectan fundamentalmente a nuevos delitos societarios y económicos.No obstante, la patronal no emitirá un juicio definitivo hasta que sus órganos de dirección hayan estudiado el texto del anteproyecto de ley. Entre los nuevos delitos que más afectan a los empresarios están las nuevas penas de cárcel de entre seis meses y dos años con las que serán castigados quienes ejerzan acoso laboral (en la actualidad esta circunstancia no está penada con prisión); la creación de la figura del cohecho para los administradores de empresas privadas; o el nuevo delito de 'estafa de inversiones', dirigido a los administraciones de sociedades cotizadas que falseen balances.