EDITORIAL

Estrechar el cerco al delito económico

El Consejo de Ministros estudió el viernes las líneas maestras de la reforma del Código Penal, que pretende actualizar el catálogo de delitos y la relación de penas para dar protección contra actividades delictivas de carácter social y económico de nuevo cuño o aquellas que se han ido sofisticando con el paso del tiempo. Así, los comportamientos delictivos en seguridad vial o figuras de reciente aparición como el acoso laboral tendrán reflejo penal tipificado. La reforma se detiene también en los delitos de carácter económico y pone el foco en operativas recientes que estaban al margen del Código Penal.

Llama la atención la ampliación de cinco a diez años de la prescripción de los delitos contra Hacienda o la Seguridad Social, tras haber rebajado el umbral de cinco a cuatro recientemente. Las deudas con la Hacienda seguirán venciendo a los cuatro años, pero si su cuantía sobrepasa los 120.000 euros y las convierte en delito, las administraciones dispondrán de hasta diez años para cobrarlas. Justicia pretende así facilitar la investigación y la condena de casos de corrupción, cuya detección y resolución precisa de un periodo más dilatado. El futuro código establecerá también criterios objetivos inequívocos para determinar cuando se interrumpen los plazos, atajos legales en los que se han refugiado en el pasado infinidad de presuntos delincuentes económicos hasta salvar hacienda y libertad.

El código pretende extender a las sociedades mercantiles la responsabilidad penal de los gestores, castigar el clonado de tarjetas de crédito, ampliar el delito contable para castigar el falseamiento de cuentas, penar el uso de información privilegiada y alumbrar una nueva figura para perseguir las sociedades falsas o tapaderas. Además, crea una tipificación de delito específico para la estafa de inversiones, que recaerá sobre los administradores de sociedades que operen en mercados regulados que falseen balances o datos sobre la situación de las compañías. En suma, una ambiciosa y loable iniciativa, absolutamente necesaria para combatir fraudes cada vez más extendidos y sofisticado.