Caldera prevé permisos para inmigrantes pendientes de expulsión
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se comprometió ayer a estudiar la moción del Senado que insta al Gobierno a analizar la concesión de permisos de residencia y de trabajo a los inmigrantes que no pueden ser expulsados (principalmente subsaharianos). Se trataría de permisos 'de carácter extraordinario', hasta que se pueda ejecutar su repatriación.
Caldera, que participó ayer en la sesión final de la Conferencia Euromediterránea de Inmigración y Desarrollo que se celebra en Rabat, se refirió así a los inmigrantes indocumentados que, pasados los cuarenta días de internamiento en un centro para extranjeros, quedan en libertad en situación 'indefinida', sin permisos y, por lo tanto, sin posibilidad de trabajar legalmente.
Tras la llegada a varias comunidades autónomas de centenares de extranjeros trasladados desde Canarias, a donde han llegado 11.155 inmigrantes en cayuco este año, el Senado se había basado en la propia ley de Extranjería para pedir al Gobierno que estudiara la posibilidad de otorgar a esas personas permisos extraordinarios cuando concurran circunstancias excepcionales.
Caldera consideró ayer 'correcto', desde el punto de vista humanitario, que los inmigrantes no pasen más de cuarenta días en un centro de internamiento y señaló que estudiará 'en el futuro' la petición de la Cámara alta.
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales reconoció las dificultades que tienen algunos países para aceptar a inmigrantes que no son de su nacionalidad y ofreció el apoyo financiero español para construir en esos países centros de acogida para recibir a los inmigrantes repatriados, como ya se ha hecho en Mauritania.
El ministro subrayó el 'pleno respeto' de España a los derechos humanos y a las convenciones internacionales cuando se efectúan repatriaciones de esta naturaleza.
30 millones de euros
La primera conferencia euroafricana sobre migración se cerró ayer en Rabat con un plan de acción que contiene 60 medidas para abordar la repatriación de inmigrantes irregulares y la ayuda a los países de origen. España aportará 30 millones.