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El consumidor reclama la devolución del canon digital

Tiendas de informática piden a sus clientes que les demanden para generar presión contra el gravamen

La noticia corre ya por internet. Algunas tiendas de informática en España están pidiendo a sus clientes que les demanden después de haberles comprado CD o DVD. ¿Qué pasa? ¿Han perdido el juicio? No. La decisión, dicen, es meditada. Quieren generar una presión popular contra el canon sobre soportes digitales que cobran las sociedades de gestión de derechos de autor y que la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada por el Congreso el pasado 22 de junio, consagra.

'Conozco al menos 12 tiendas que lo están haciendo', cuenta Joseph Jover, abogado de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT). Vendrán muchas más. Según este jurista, ya hay sentencias, como la de un juez de Alcalá de Henares (Madrid), que ha condenado a una tienda a reembolsar a su cliente el canon, al acreditar éste que lo que compró era para uso personal, para grabar trabajos, proyectos, y no para hacer copias de archivos sujetos a derechos de autor.

Jover está impulsando la creación de una base de datos de ámbito jurídico en relación con la propiedad intelectual que pondrá en marcha un procedimiento de defensa estandarizado para las tiendas. 'Estos comercios están tomando conciencia del problema económico que les supone el canon, pero no todos sus abogados están preparados para defenderlos en los tribunales porque es algo muy especializado'. Lo que intentan con esta medida es compartir conocimiento. 'Estamos trabajando en red y, de momento, ya han participado una veintena de abogados de toda España'.

Las voces contra el canon no cesan, porque muchos colectivos dicen que es 'injusto' y que, además, encarece el acceso a la tecnología presente y futura. Santiago Ureta, presidente de la Asociación de Música por Internet, explica que, según los cálculos que han hecho en su organización, una familia normal en España pagará unos 300 euros al año en concepto de canon una vez que entre en vigor la nueva LPI.

'La Ley habla de que el uso de los soportes para reproducir obras protegidas dará lugar a una compensación económica a favor de los autores de obras, pero qué ocurre cuando no se usa para eso sino para fines puramente domésticos (como copiar las fotos de tu hijo) o empresariales, como hacer una copia de seguridad de un documento', se pregunta Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI).

Según esta experta, la ley impone la 'absurda' presunción de que por 'idoneidad' siempre se reproducen obras protegidas, y no prevé mecanismo alguno para destruir esta presunción. 'El consumidor por ley debe a los autores entre un 15% y un 30% del precio del reproductor o soporte digital, lo use para lo que lo use, y esto se lleva al extremo del surrealismo, pues incluso aunque muchos soportes originales tengan un sistema anticopia, los soportes vírgenes seguirán siendo idóneos para copiar y, por tanto, para recaudar el canon'.

El profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans, califica la LPI de fraude, porque, asegura, no se puede calificar de otra manera el cobrar al usuario unas cantidades para compensar un supuesto daño que muy posiblemente no va a producirse y que, además, por la vía de la misma ley está, de hecho, ilegalizado como tal. 'Si me cobran por si acaso copio unos contenidos en un soporte, entonces tendrá que ser forzosamente legal copiar los contenidos en ese soporte, dado que he pagado por ello. Pero no, ni una cosa ni otra. La LPI es una subvención directa a unas actividades y a un modelo de negocio caduco', subraya.

El problema, según los expertos consultados, es que no existe en la ley un sistema justo que permita recuperar lo indebidamente pagado. 'La Comisión Arbitral que cita no es suficiente, porque no se aclara antes cuál es exactamente el derecho del consumidor', subraya Tejerina.

La Asociación Nacional de Empresas de Internet también opina que este 'impuesto indiscriminado', como define al canon, afecta muy negativamente a la industria de las tecnologías de la información. 'España hoy está por detrás de Portugal en los indicadores sobre penetración y usabilidad tecnológicas, el país se está viendo afectado por la deslocalización geográfica de empresas que afecta a miles de puestos de trabajo en el sector tecnológico, y si encima se comprime la demanda... el panorama es preocupante', explica su portavoz Miguel Errasti. Según esta organización, los datos son claros al respecto: el importe del canon supone un 40% del precio de venta al público en caso del CD-R y un 60% del DVD-R. 'La distorsión impositiva en el precio final supera a bienes descritos como de lujo. El importe que se aplica a un CD y DVD vírgenes es superior a sus costes de fabricación y distribución', critica.

La patronal del sector de empresas de electrónica y comunicaciones, Asimelec, califica de 'desalentadora' a la normativa porque 'con la nueva ley no se pagará por el daño producido al autor, sino por la capacidad de producirlo', pero también apunta un aspecto positivo: el sistema de negociación impuesta para fijar productos y tarifas, el arbitraje final vía orden ministerial en caso de falta de acuerdo o el criterio de proporcionalidad respecto al precio.

Perjuicio nacional

Muchas empresas están comprando por internet material afectado por el canon (soportes digitales) en tiendas de países donde no existe el canon, y ello en perjuicio de los comercios nacionales, señalan desde la Asociación de Técnicos de Informática.

¿Y qué pasa con las actas judiciales?

Por imperativo legal, el acta de los juicios se graba en un CD virgen, pero también por imperativo legal ese soporte virgen paga 22 céntimos de euro a las entidades de gestión de derechos de autor. 'Esto es un disparate', dice el abogado Javier de la Cueva, que ya ha puesto en marcha una demanda en la que solicita la devolución de esos 22 céntimos por juicio. 'Me gustaría saber qué haría un poder judicial como el norteamericano si vinieran dos entidades privadas y pactaran a cuánto está el acta judicial. Nuestro poder judicial no ha dado respuesta', critica.

Los profesionales de la informática, al menos los 4.500 socios de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI), también sienten la presión del canon. 'Los soportes digitales son básicos para nuestra profesión y en ningún caso son utilizados para temas que afectan a los derechos de autor', dice Fernando Piera, su vicepresidente, quien asegura que 'el encarecimiento de costes que significa la aplicación de estos cánones implica una clara desventaja competitiva de nuestro sector frente a profesionales y empresas de otros países que no están gravados por este tipo de canon'.

Un movimiento con eco europeo

El movimiento Todos contra el canon se ha creado en España, pero ya está teniendo respuesta desde Europa. El pasado abril se anunció de hecho la creación de una coalición de asociaciones que representan al sector tecnológico para exigir la reforma del 'impuesto' a la tecnología, como lo denominan. En Francia, la Liga Odebi está empezando a crear plataformas similares. Según Ofelia Tejerina, de la AI, 'en Francia, la imposición del canon fue limitada por existir sistemas técnicos de protección y gestión de los derechos de autor en los soportes digitales, pero en España la Ley ignora la coherencia con este tipo de avances y progresos'.

Javier de la Cueva cuenta que no pierden de vista que al final tengan que recurrir a las instancias judiciales europeas para eliminar el canon. Fernando Piera, vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Informática, dice que la solución portuguesa puede ser una forma de solventar en parte el problema. 'En Portugal el canon es un impuesto que recauda y gestiona el Estado, no entidades privadas'.

Críticas contra la Ley

Impuesto. La plataforma Todoscontraelcanon.es asegura que la captación de impuestos es una prerrogativa del Estado. 'Es un pésimo precedente que una entidad privada pueda diseñar un impuesto, recaudarlo y ejercer labores de inspección e iniciar acciones punibles sobre su propio atestado de inspección', dicen desde la ANEI.

Los DRM. El canon no tiene sentido para muchos colectivos que creen que existen soluciones tecnológicas, como los DRM, que son suficientes para evitar el fraude contra los autores.

Administraciones. Los ciudadanos pagan dos veces el canon, según el abogado Javier de la Cueva: 'La primera a través de los impuestos, puesto que las Administraciones Públicas, al ser las más necesitadas de almacenar datos, son las que más van a pagar, aunque lo que guarden no afecte a los derechos de autores. Y la segunda vez en el uso personal, que en muchas ocasiones no tiene que ver con la música.