Sector público

La SEPI afronta un mes decisivo para el futuro de Izar y de RTVE

La sociedad estatal debe cerrar en julio las dos grandes reestructuraciones que acometerá en la actual legislatura

La SEPI debe cerrar en las próximas semanas los dos principales retos a los que se enfrentará en la actual legislatura y que pondrán a prueba el temple y la habilidad negociadora de su presidente, Enrique Martínez Robles. Porque antes de las vacaciones veraniegas de agosto tendrá que culminar la venta de los cuatro centros de Izar en liquidación (Gijón, Sestao, Sevilla y la fábrica de motores de Manises) y que haber puesto en marcha el expediente de regulación de empleo (ERE) que, en principio, reducirá en un 44,5% la plantilla de RTVE, tras la firma de un acuerdo marco con los sindicatos que permita el arranque de la nueva radiotelevisión pública.

De momento, el asunto más espinoso es el de la adjudicación de lo que queda del sector público naval en el área civil. El martes, tras un nuevo contacto oficioso, la SEPI volvió a dejar claro a los responsables del área de CC OO y UGT que no renegociará el preacuerdo que firmó con ellos en mayo y que ha sido rechazado por los trabajadores. Ante la negativa, CC OO dio un ultimátum de 48 horas a la SEPI para que tome una decisión.

La oposición de los trabajadores volvió a quedar patente ayer en las protestas que protagonizaron en Gijón, donde cortaron el acceso al puerto de El Musel. Y todo ello a pesar de que el propio dirigente de UGT, Cándido Méndez, insistió en Oviedo en que el pacto logrado es la alternativa 'más razonable' para los trabajadores.

Los principales elementos del acuerdo son un paquete de garantías laborales y sociales para los trabajadores de las plantas que avalará la SEPI por un periodo de 10 años tras su venta, así como la decisión de proponer a los consorcios adjudicatarios la integración de los centros de Izar en un holding, en el que participaría el capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que contaría con la presencia de cajas de ahorro, una por cada comunidad autónoma afectada. Los candidatos mejor colocados a hacerse con los centros son Vulcano (Gijón), CNN (Sestao), Astilleros de Huelva-Boluda (Sevilla) y Ros Casares (Manises).

Ante esta situación de rechazo, los responsables sindicales se temen de que la SEPI termine por adjudicar los centros 'de manera unilateral' y sin tener en cuenta compromiso alguno. Lo que tiene claro el holding de Martínez Robles es que, a principios de agosto, vence la obligación que tienen los candidatos a comprar las plantas de Izar de mantener sus ofertas sobre la mesa. Y sin compradores, los cuatro astilleros están abocados a la liquidación y el cierre.

Mientras la situación de Izar resulta preocupante y los trabajadores mantienen sus protestas en la calle, la negociación del futuro de RTVE parece que se ha reconducido y transcurre por vías más pacíficas, tras la huelga general del pasado mes de abril.

RTVE, a la espera

De momento, la SEPI está preparando un nuevo acuerdo marco sobre el plan de saneamiento del ente que precisa en algunos aspectos el texto presentado el pasado 12 de junio a los sindicatos incluidos en la mesa de negociación (CC OO, UGT, USO y Apli). El secretario general de UGT, Cándido Méndez, instó ayer a la sociedad estatal a remitir cuanto antes el texto y no dar 'la callada por respuesta' tras varias semanas en las que el diálogo no ha avanzado.

En todo caso, la sensación que transmiten las partes es la de que el acuerdo se alcanzará sin mucho problema en las próximas semanas y que será positivo para todos. En estos momentos, los principales escollos para los sindicatos tienen que ver con el mantenimiento de centros territoriales de TVE y RNE como garantía de cohesión territorial y con los niveles de producción externalizada que la nueva corporación está dispuesta a asumir.

La nueva propuesta de la SEPI deberá afinar tanto en estos aspectos como en otros, relacionados con la situación especial de las comunidades autónomas que no cuentan con televisiones propias o con la plantilla final del ente y el grado de obligatoriedad de las prejubilaciones previstas. La propuesta vigente prevé suprimir 4.150 empleos, básicamente a través de prejubilaciones forzosas, 'salvo que se ofrezca otra solución alternativa que garantice la aplicación del modelo en tiempo y forma'. Las prejubilaciones afectarán a quienes cumplan 50 años en 2006, se producirán en dos tandas y garantizarán entre un 80% y un 87% de su salario a los implicados.

Para los que permanezcan en RTVE se abrirá una nueva etapa negociadora posterior sobre sus condiciones laborales, ya que la SEPI ya ha propuesto una revisión de las escalas salariales y profesionales.

Los sindicatos temen que la SEPI adjudique Izar unilateralmente

El holding demandará a KIO por las acciones en Ebro Puleva

La SEPI ultima también para este mes de julio una demanda contra Torras por el contencioso que mantienen en Ebro Puleva, después de que la filial de KIO no haya atendido el requerimiento presentado por el holding público hace unas semanas.

La sociedad estatal reclama 55 millones de euros a Torras para recuperar el 1,57% que ésta mantiene en Ebro Puleva y para cobrar los intereses que considera que se le adeudan.

El nuevo litigio se enmarca en el enfrentamiento que mantienen las partes a raíz de una opción de compraventa suscrita en 1997, cuando el Gobierno del PP impulsó la entrada de Alycesa (ahora en la SEPI) en Ebro. Así, cerró la compra a Torras de una participación del 18% en la empresa y firmó una opción sobre el resto de su paquete en Ebro. En 2000, Alycesa se negó a ejecutar la compra al precio pactado, lo que finalmente tuvo que hacer este año tras varias sentencias favorables a KIO. La SEPI reclama ahora el 1,57% que mantiene Torras en Ebro, fruto de dos ampliaciones de capital. A esta cifra añade los dividendos correspondientes.