El PSOE promueve severos límites a las recalificaciones de suelo
Las reclasificaciones de suelo no urbanizable, una de las principales vías de especulación, dejarán de ser la norma para convertirse en la excepción. Así consta en un documento elaborado por la Ejecutiva del PSOE, embrión de su futuro programa electoral.
La dirección del Partido Socialista presentó ayer este documento que contiene criterios básicos sobre política urbanística susceptibles de ser aplicados, al menos, por las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PSOE. Su elaboración ha sido coordinada por la secretaria de política económica, Inmaculada Rodríguez Piñero, por el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Alfonso Perales, y por el secretario de Política Municipal, Álvaro Cuesta, que han contado con la colaboración de las ministras de Vivienda y Medio Ambiente, María Antonia Trujillo y Cristina Narbona.
Rodríguez Piñero recordó que en España hoy se construyen más viviendas que nunca, alrededor de 750.000 al año, y, sin embargo, son inalcanzables para amplias capas de la población. Álvaro Cuesta reivindicó el papel de la política en la dirección del desarrollo urbanístico y, desde este punto de vista, criticó la tarea que ejercen algunas empresas públicas municipales en este ámbito.
El documento recoge tres niveles de compromiso. El del Estado parte del contenido de la futura ley del Suelo, cuyos principales objetivos se centran en aumentar la transparencia en el sector, evitar la retención especulativa de terrenos y garantizar la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda protegida. María Antonia Trujillo ha mantenido en las últimas semanas 14 reuniones con todos los sectores afectados para informarles con precisión del contenido de la ley, recientemente avalado por el Consejo Económico y Social.
El compromiso con las comunidades autónomas abarca, entre otras medidas, la apuesta por el mercado del alquiler, sobre todo en la zonas con mayor densidad de población, el incentivo a la salida al mercado del parque de viviendas vacías e infrautilizadas y la ampliación a todas las regiones de la participación pública en las plusvalías urbanísticas, de forma que los ayuntamientos no tengan que asumir los costes de urbanización.
El papel público, primordial
El compromiso con los ayuntamientos va más allá, pues el PSOE propone otorgarles un papel protagonista en el proceso de producción de nuevo suelo urbanizado 'una función pública a la que no se debe renunciar'.
En este mismo contexto, los redactores del documento proponen limitar la máximo las reclasificaciones puntuales de suelo no urbanizable, a las que se dará un carácter excepcional, lo que acarreará, mantiene el PSOE, una revisión de los planes generales cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial significativo.
'Estas reclasificaciones de suelo tienen que ser la excepción y no la norma', advirtió Cristina Narbona, quien recordó que se han perdido 'suelos naturales muy valiosos por el avance imparable de la construcción de zonas residenciales', sobre todo en el litoral. La titular de Medio Ambiente prevé haber firmado antes de fin de año convenios de gestión integral del litoral con todas las comunidades gobernadas por el PSOE y con las que así lo deseen del Partido Popular.
'El actual modelo del PP, donde todo es urbanizable, es un fracaso y sólo ha logrado incrementar de manera espectacular los precios de las viviendas, además de aumentar los casos de especulación y corrupción', mantuvo Rodríguez Piñero, para quien es importante que los ayuntamientos gobernados por el PSOE apliquen en el futuro las mismas señas de identidad para combatir la especulación inmobiliaria y garantizar viviendas dignas y de calidad.
Fiscal especial y mayor disciplina
La nueva política urbanística que defiende el PSOE prevé reservar un papel protagonista al fiscal especial que velará por la buena ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico. La creación de esta fiscalía está prevista en la nueva ley del Suelo.La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró ayer que, además, se reforzarán las medidas disciplinarias de los ayuntamientos y se potenciarán las subsidiarias de las comunidades autónomas para que las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes o espacios protegidos sean detectadas lo antes posible y sean sancionadas con dureza.El PSOE defiende también una aplicación estricta del régimen de incompatibilidades a todos los responsables políticos y administrativos que tengan relación con el control público de la gestión urbanística.En la agenda del Gobierno está también la canalización de ayudas a los pequeños ayuntamientos para que puedan ejercer de forma eficaz el ejercicio de sus competencias urbanísticas.