Camino libre para negociar el nuevo modelo de financiación
Once estatutos esperan su tramitación parlamentaria tras la aprobación por el Congreso de las reformas valenciana y catalana.
La ratificación ayer en referéndum del Estatuto catalán despeja el camino al Gobierno para negociar con el conjunto de las comunidades, a través del Consejo de Política Fiscal, el nuevo modelo de financiación autonómica. La principal preocupación del Gobierno deriva de la necesidad de que este modelo sea homogéneo, un principio que obligó a eliminar de la reforma ratificada ayer todos aquellos aspectos que no eran generalizables al resto de los territorios.
Se mantiene la cesión del 50% en el Impuesto sobre la Renta, el 50% en el IVA y el 58% en impuestos especiales, porcentajes aplicables al conjunto de las comunidades una vez se apruebe el nuevo modelo. Las regiones podrán introducir recargos en la fase minorista del IVA o en los impuestos especiales, como el denominado céntimo sanitario que ya aplican algunas de ellas. Está prevista también la mejora de los mecanismos de nivelación y solidaridad y, por tanto, del Fondo de Compensación Interterritorial, que ahora es una partida residual del sistema, dotada con 1.100 millones de euros anuales.
Los diferentes estatutos han elegido referencias distintas para condicionar las inversiones estatales. En el caso del catalán, se sitúa en siete años el plazo durante el cual la inversión estatal en esta comunidad debe mantenerse en un porcentaje igual al del peso del PIB dentro del conjunto nacional. En el caso del Estatuto de Andalucía, todavía en tramitación parlamentaria, se establece un volumen de inversiones del Estado para la comunidad en un porcentaje similar al peso de la población. La reforma balear incorpora una cláusula por la cual el Estado debe invertir 3.000 millones de euros en un plazo máximo de diez años en concepto de déficit de inversiones por insularidad. La inclusión de estas disposiciones en algunos estatutos ha sido contestada por la dirección nacional del PP, a pesar de que las comunidades donde gobierna las han asumido.
La mayoría de las comunidades que han acelerado la reforma de sus estatutos han tomado como objetivo, precisamente, mejorar su financiación y sus inversiones. Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia han secundado de una u otra forma el ejemplo catalán para comprometer al Estado a garantizar unos determinados niveles de inversión.
El PP ha ofrecido al PSOE un pacto de Estado para modificar la financiación autonómica con el fin de que ésta pueda entrar en vigor en 2008, aunque no hay ningún plazo estipulado para ello. Fuentes de la dirección del PP confían en que en esta negociación no influya la tensión reinante con el Gobierno central a cuenta del proceso de paz en el País Vasco.
Las dos últimas comunidades en las que acaba de cerrarse un acuerdo entre los grandes partidos para sacar adelante estas reformas son Baleares y Aragón. En la primera, el presidente Jaume Matas ha retirado del Estatuto la disposición que preveía un régimen fiscal especial para las islas. Con todo, se mantiene una cláusula por la que la comunidad balear accederá a los mismos beneficios económicos que consiga el archipiélago canario en sus negociaciones con el Gobierno central. Al igual que Cataluña, Baleares tendrá también una agencia tributaria propia consorciada con la estatal.
El acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP en Aragón, que pasará a ser nacionalidad histórica al igual que Baleares, prevé la firma de un convenio de financiación con el Ejecutivo dentro del régimen común y obliga a contar con el gobierno regional para regular el río Ebro. En la reforma se establece el derecho preferente de esta comunidad para el aprovechamiento de los recursos hídricos y se crea una reserva de agua para uso exclusivo de Aragón de 6.550 hectómetros cúbicos. De momento, la Chunta es la única formación política de la comunidad que permanece al margen del acuerdo.
Derecho de veto del PP en Galicia
La definición de las comunidades en sus respectivos estatutos ha creado numerosos problemas políticos, no sólo en Cataluña, también en Andalucía y en Galicia. El PP gallego ha hecho bandera de este asunto a pesar de los intentos del Gobierno regional, sustentado en la alianza entre el PSOE y el BNG, por no convertir este escollo en el eje central del debate. Un problema añadido deriva, en este caso, de la aritmética parlamentaria, ya que el PP tiene derecho de veto y no acepta el término nación, en sintonía con la actitud que mantiene en Cataluña y Andalucía.
En Canarias, los dos principales partidos de las islas llegaron a un acuerdo el pasado mayo que no alcanza, de momento, a las reglas electorales. La reforma estatutaria define las islas como archipiélago atlántico y región ultraperiférica, un concepto jurídico ya previsto en el Tratado de Ámsterdam y en el nuevo Tratado de la Unión Europea. Al igual que el resto de los Estatutos, el canario prevé una agencia tributaria propia para las islas e incorpora nuevas competencias que antes eran estatales sobre infraestructuras, política de inmigración y el sistema judicial.