El FMI pide más competencias para el Banco de España
El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que el Banco de España debe tener más poder, en detrimento del Gobierno y de las comunidades autónomas. Y extiende esta demanda también para la Dirección General de Seguros. El organismo internacional explica que con ello se evitarían conflictos de intereses.
El FMI reconoce que el sistema de supervisión bancario español ha alcanzado un alto grado de conformidad con los principios de Basilea, está bien gestionado y no se han dado casos de interferencias políticas. No obstante, el organismo dirigido por Rodrigo Rato cree que es conveniente cambiar la división de competencias que actualmente existe entre el Ministerio de Economía y el Banco de España, con el objetivo de reforzar el papel de este último y evitar riesgos de conflictos.
En su informe sobre el sector financiero español, el Fondo también pide que exista más separación en las labores de supervisión del sector de seguros. Explica que la Dirección General de Seguros (DGS) debe tener en la práctica mayor independencia operativa, institucional y presupuestaria.
Pese a que el FMI alaba la labor del Banco de España cree que es aconsejable que la supervisión bancaria sea más efectiva. Para ello, considera necesario que se amplíen sus competencias y que asuma algunas de las de Economía. En la actualidad, este ministerio fija la regulación financiera y ha delegado autoridad en áreas específicas. 'A pesar de esta delegación y la buena cooperación entre los organismos, existe el riesgo que el Banco de España no pueda responder adecuadamente si hay un conflicto de intereses entre los objetivos institucionales del Banco de España y del Gobierno', dice el informe. El Fondo estima que se podría minar la independencia supervisora del Banco de España.
El Fondo advierte de los riesgos asociados al fuerte crecimiento del crédito
El organismo internacional recomienda a las autoridades españolas que deben valorar autorizar al Banco de España que pueda revocar licencias bancarias 'en circunstancias apropiadas' y ampliar su poder sancionador, además de la efectividad de su autoridad moral.
En el caso de la supervisión de las cajas de ahorros, el FMI explica que existen riesgos de potenciales conflictos en el ejercicio de la autoridad supervisora y sancionadora, que, además de estar en manos de Economía y el Banco de España, se comparte con comunidades autónomas que tienen distintos marcos legislativos.
El Fondo asegura que la coordinación, hasta ahora, ha sido buena, pero observa ambigüedad legal y conflictos de competencias. 'De cara al futuro, los cambios en el régimen legal deben preservar claramente el exclusivo papel del Banco de España en la vigilancia prudencial de las instituciones, evitar posibles inconsistencias en la división de responsabilidades y aumentar la coordinación de los cuerpos de vigilancia', recomienda.
El Gobierno español no está de acuerdo con el cambio de estas competencias entre el Banco de España y Economía, 'que supuestamente refuerzan la labor de supervisión del Banco', y el papel de las comunidades autónomas. Argumenta que la actual división de papeles ha funcionado hasta ahora muy bien y que con ella se alcanza el objetivo de una efectiva supervisión bancaria. La posición de Economía se fundamenta en su poder político y su competencia negociadora con la UE.
El Gobierno añade que no hay posibilidad de conflictos con las comunidades autónomas por la estructura de jerarquía legal y afirma que el papel sancionador corresponde en España al Gobierno.
El informe del Fondo también alerta sobre el 'fuerte crecimiento del crédito' ante una potencial desaceleración del mercado inmobiliario, e indica que el endurecimiento de las medidas prudenciales no sería suficiente para conseguir la moderación del crédito hipotecario. Y afirma que ante ello, 'es imprescindible una subida de los tipos de interés'.
A favor de las cajas, pero con límites políticos
El informe de estabilidad del FMI, primero que realiza para el sector financiero español, dedica una parte importante a las cajas de ahorros y a su importancia dentro del panorama financiero del país. Destaca 'su favorable contribución a la expansión de los servicios financieros'. Aunque insiste en que estas entidades deberían reducir en sus órganos de gobierno 'los actuales techos de participación pública'. En la actualidad, el peso político en los consejos de administración de las cajas no puede superar el 50%. El sector, sin embargo, comparte que se reduzca este porcentaje siempre que se llegue a un acuerdo en el Parlamento. La emisión de cuotas participativas u otras fórmulas para incrementar sus recursos propios también forman parte de las recomendaciones del FMI. También reclama que se eliminen las restricciones a la fusión de las cajas, algo que puede ser más fácil de conseguir en entidades de la misma comunidad autónoma, pero no así en diferentes.
Contrario a que la banca invierta en empresas
El Fondo Monetario es contrario a que bancos y cajas de ahorros controlen participaciones industriales. Asegura que representan un riesgo para estas entidades financieras. De hecho, recomienda a las autoridades que introduzcan 'medidas regulatorias que desincentiven dichas inversiones'. El organismo internacional destaca como principales riesgos de estas inversiones empresariales: la mayor volatilidad y riesgo de los rendimientos de estas participaciones, así como la concentración de estas inversiones 'en un número reducido de sectores'. La institución que encabeza Rodrigo Rato también es contrario a que la banca comparta consejeros con las empresas en las que participa, ya que pueden plantearse conflictos de intereses y posibles problemas de gobierno corporativo entre las entidades financieras y los inversores. El objetivo de esta recomendación del FMI es evitar que el cruce de información influya a favor de la empresa participada frente a otras compañías.