Predicar con el ejemplo

Decía un viejo del parqué que eso que llaman ahora buen gobierno es simplemente hacer las cosas bien, y que normalmente no hay códigos para decidir cómo se hacen las cosas bien. Parte de razón tenía, la razón del que ha visto mucho. Pero no es menos cierto que eso que Galbraith llamó la tecnoestructura -los círculos y equipos dirigentes de las empresas y las instituciones- está sometido, por decirlo de alguna manera, a conflictos de intereses, entre los privados y los institucionales.

De estos conflictos de interés nacieron los escándalos financieros que, como ha ocurrido y ocurrirá siempre, se forjan en las etapas de bonanza y estallan en las vacas flacas. Ahora mismo, seguramente, se estarán larvando nuevas irregularidades en el sector empresarial. Eso, a pesar de los códigos de buen gobierno, pues ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa.

El debate sobre la necesidad de poner o no normas es más de carácter filosófico que económico. Lo que es indudable es que, al menos, los códigos de buen gobierno hacen más dificultosa la tarea del que tiene, como suelen decir, una interpretación de las normas menos convencional. No evita las irregularidades pero las hace más difíciles de ocultar.

Con estas normas también se complica al que hace las cosas como deben ser. Por eso la redacción de códigos de este corte ha de ser cuidadosa, y por eso no es mala idea que, aunque el cumplimiento sea voluntario, la información sobre dicho cumplimiento sea obligatoria.

Precisamente de esta voluntariedad en el código de buen gobierno nace la necesidad de dar ejemplo, de convencer al mundo financiero de que es mejor aplicarlos. En este sentido, tanto las grandes empresas como las sociedades que son la piedra angular del sistema financiero -bancos, aseguradoras, sociedades rectoras de mercados- tienen un plus de responsabilidad. Independientemente del grado de convicción que les despierten los códigos de buen gobierno, está entre sus intereses mejorar la credibilidad del sistema.