Función pública responsable
El Estatuto del Empleado Público que firmarán hoy los sindicatos y el Gobierno es el primer intento de establecer criterios cuantitativos de profesionalidad en el ejercicio de la gestión en los tres niveles de la Administración Pública. La extendida crítica popular a un desempeño pasivo de la labor de los funcionarios, seguramente justificada en determinadas áreas de la Administración, pero radicalmente injusta como sambenito generalizado, debe desaparecer del argumentario del debate social por la vía de los hechos. Este instrumento que hoy echa a andar servirá para ello si todos los agentes implicados, pero especialmente el gestor y sus trabajadores, lo respetan a rajatabla.
Por vez primera dejará de ser un mito, al menos en teoría, que el empleo público es para toda la vida. Al menos sobre el papel, dado que seguirá siéndolo en la práctica, ya que el sistema de evaluación periódica de la labor de los trabajadores de la función pública, por exigente que sea, pocas veces provocará más cambios en el estatus del funcionario que un retoque de las funciones o un recorte de sus remuneraciones variables. Este mecanismo, que será aplicable a todos los trabajadores del país en nómina de la Administración central, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, trata de introducir valores de la gestión privada en el servicio público, aunque el celo en su aplicación quedará en manos de cada gobernante. La remuneración estará también más ligada al desempeño real que ahora, aunque nunca se replicarán los criterios del sector privado.
Para aplicar también criterios empresariales en la dirección de la gestión, el Estatuto crea el personal directivo, que podrá ser de la plantilla ya adscrita a la función pública o no, y que será de libre designación política. Esta posibilidad tiene también el riesgo, que debe ser vigilado y evitado, de convertirse en una vía activa de entrada en el círculo de la función pública esquivando el criterio de profesionalidad que trata de consagrar este Estatuto.