El funcionario del siglo XXI
Gobierno y sindicatos firman hoy el Estatuto del Empleado Público
Modernizar la estructura interna de las tres administraciones, acabar con la idea de que el funcionario conservará su puesto de trabajo toda la vida y, también por qué no, mejorar la imagen que se percibe del empleado público son algunos de los principales objetivos que perseguirá el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto será rubricado por Gobierno y sindicatos hoy en el Palacio de la Moncloa.
Este proyecto, que lleva gestándose varios años, incluirá entre sus principales novedades la introducción de un mecanismo de evaluaciones periódicas sobre el trabajo que realiza cada funcionario.
Del resultado que obtenga en esos controles dependerá que mantenga su cargo y retribución. 'Se acabó creer que tienen un puesto para toda la vida', enfatizó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en una de las presentaciones del acuerdo.
No obstante, si el examen concluye que el funcionario no realiza bien sus tareas, podrá ser trasladado de puesto de trabajo, incluso se podrá forzar un cambio en su lugar de residencia, pero en ningún caso será despedido.
Estos controles afectarán tanto al millón y medio de funcionarios de carrera que existen en España, como a los 600.000 empleados con categoría de personal laboral. Este último grupo ya se rige, de todas maneras, como lo hacen los empleados del sector privado por el Estatuto de los Trabajadores y, por ello, responden a los mismos criterios que aplica la empresa privada en caso de despido.
En cualquier caso y aunque el texto que firmarán hoy Gobierno y sindicatos deberá ser aún refrendado por las Cortes, se establece que sea cada administración la que determine los 'métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional'.
Pero este nuevo código no sólo 'perseguirá' el trabajo mal hecho, sino que premiará la dedicación, el interés y también los buenos resultados. El ministro Sevilla ha garantizado en repetidas ocasiones que 'se introducirán mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, ligadas también al desempeño, lo que redundará en una mayor dignificación del empleo público'.
Este anuncio de dar cada vez más peso a las retribuciones variables, está además estrechamente unida a otra de las principales novedades del proyecto: la creación del personal directivo. Se trata con ello de ampliar los cargos de libre designación, que serán gestionados por las administraciones con criterios más parecidos a los de la empresa privada, pudiendo ser funcionarios o no. En definitiva, extender los actuales cargos de libre designación.
Acaba la incertidumbre para los interinos
Uno de los asuntos que ha permitido la consecución del acuerdo es la autorización a las administraciones públicas para que puedan convocar concursos-oposición de consolidación de empleo, para hacer funcionarios a casi medio millón de interinos y otros 200.000 con categoría de personal laboral.Esta posibilidad, hasta ahora inexistente, permite abrir la puerta a la creación de más de medio millón de nuevas plazas de funcionarios, que se otorgarán en propiedad a trabajadores que ya las ocupaban, pero de manera interina, es decir, sin garantías plenas de mantenimiento.Tal y como explican desde los sindicatos, las administraciones que decidan no convocar esas oposiciones, tendrán que abonar a su personal interino los trienios acumulados en reconocimiento a su antigüedad en el puesto, que ahora no reciben y pasarán a consolidar en sus nóminas. Esta medida pretende acabar con la elevada temporalidad de algunas administraciones.Otra de las conquistas sindicales que han permitido cerrar el consenso, además de reconocerles el derecho a la negociación colectiva, tiene que ver con la futura composición de los tribunales de selección de personal en las Administraciones Públicas. Los representantes de los partidos políticos no estarán en dichos tribunales, ya que quedan excluidos todos aquellos miembros que 'representen a asociaciones, organizaciones sindicales o cualquier entidad representativa de intereses'. Se les da también más poder a los sindicatos, que podrán revocar las decisiones de esos tribunales, algo que hasta ahora no podían hacer. Por último, los tribunales deberán contar con paridad entre hombres y mujeres y estarán obligados a guiarse con criterios de 'imparcialidad y profesionalidad'.
Novedades. Selección de personal más profesional
A los principios ya existentes de 'igualdad, mérito y capacidad', el Estatuto incluye nuevas normas y criterios que deberán regir las pruebas de selección. Habrá que añadir los de 'publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad'. Para ello a las oposiciones tradicionales se le sumarán pruebas psicotécnicas, entrevistas personales o la superación de cursos selectivos.El Estatuto crea la 'carrera profesional horizontal', que permitirá ascender sin tener que cambiar de puesto de trabajo, tal y como venía ocurriendo en la actualidad.Por primera vez se elabora un Código de Conducta que regulará los derechos y deberes de los empleados públicos de todas las Administraciones. Dará unas indicaciones generales de cómo ha de ser el trato a los ciudadanos y a los superiores, código que se aplicará también a los altos cargos.A partir de su entrada en vigor, se obligará por ley a que los ayuntamientos reduzcan su tasa de temporalidad del 30% en términos generales que mantienen en la actualidad a tasas más cercanas al 10%. En algunos consistorios ese porcentaje se eleva hasta el 60%.Todas las novedades incluidas en el anteproyecto de ley han sido bien recibidas por los trabajadores. El 90% de los funcionarios apoya que las retribuciones vayan ligadas al rendimiento de su trabajo.