El juez ratifica que la quiebra de Puerto Sherry tras la entrada de Rivero fue fraudulenta
La Audiencia de Cádiz ha ratificado la sentencia de un juzgado de El Puerto de Santa María y ha declarado fraudulenta la quiebra del complejo turístico Puerto Sherry, por lo que se abre paso un proceso penal contra sus gestores que puede implicar a Joaquín Rivero, presidente de Metrovacesa y último dueño de la sociedad responsable del proyecto.
Según ha publicado el Diario de Jerez, también se actuará contra los anteriores responsables, los ingleses de Brent Walker, Aresbank y también contra el socio de Rivero, Pedro Bores. La sentencia del Juzgado de Instrucción Número 2 de El Puerto que se ratifica ahora apreciaba diversos delitos en la gestión de Puerto Sherry, por lo que mandó incoar causa criminal para determinar la posible responsabilidad de la sociedad Marina del Puerto. En esta firma, concesionaria del puerto deportivo, aterrizó Joaquín Rivero y otros socios en 1994. El presidente de Metrovacesa compró la empresa por una peseta con una deuda de 66 millones de euros y procedió pocos meses después a declarar la quiebra voluntaria.
Fuentes de Metrovacesa minimizan esta sentencia firme de la Audiencia y aseguran que los hechos se refieren a la etapa anterior a la entrada de Rivero en Puerto Sherry, un proyecto que arrancó en 1984 y que trata de ser reflotado ahora gracias a unas recalificaciones del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María calificadas de 'escandalosas' por los ecologistas.
El juez deberá determinar en el proceso penal si los presuntos delitos han prescrito. Uno de ellos es el posible alzamiento de bienes en la compra venta de la finca La China, unos terrenos de Puerto Sherry que Rivero acaba de vender al grupo cordobés Sánchez Ramade por 166 millones de euros. Fuentes de su filial Noriega recuerdan que, legalmente, la propiedad de esos terrenos corresponde ahora al holding andaluz, y no temen por tanto consecuencias legales derivadas de esta sentencia.
En el recurso presentado por los abogados de Rivero se solicitaba que la quiebra fuera declarada fortuita, a lo que se ha negado la Audiencia tras detectar procedimientos inadecuados para la valoración de los activos y otras irregularidades como capital social insuficiente.